San Luis Potosí tiene un gobierno fallido, donde a plena luz del día, hieren de muerte a un tendero para robarle menos de mil pesos y un estado que no puede proteger a las mujeres, en el que la delincuencia impune arroja a las calles cadáveres de jóvenes como si fueran botellas de plástico.

Con un gobernador que ignora la pandemia por coronavirus y se enfoca en intervenir en la elección de junio, así como en tratar de obtener un “bono de marcha” a como dé lugar. Las y los potosinos están a su suerte ante los embates de la pandemia y de la delincuencia, más aún, cuando la de por sí ineficaz policía estatal se encuentra acéfala en estos momentos por el grave estado de salud del titular de seguridad, Jaime Ernesto Pineda Arteaga.

Actualmente la corporación cuenta con 162 elementos contagiados, por un brote que no se atendió y que le llego al mismo secretario.

Los propios elementos de seguridad pública del estado se quejan ya que continúan muriendo a causas del COVID-19, ya que los que han son diagnosticados portadores del terrible virus y los mandan a su domicilio para que sean tratados por ellos mismos y en caso de que su salud se complique los trasladen a una clínica del IMSS eso sí llegasen a encontrar lugar en alguna institución de salud pública.

En el infortunado caso de perder la vida por esa enfermedad, no reciben apoyo por parte de gobierno estatal para sus gastos funerarios por lo que se sienten discriminados y desprotegidos.

Recién que enfermó el secretario algunos policías lamentaron que no se haga efectivo su seguro de gastos mayores, si dan positivo a esta enfermedad; lo que hizo que alzarán la voz fue como Jaime Pineda al confirmar ser portador del virus inmediatamente fue internado en una clínica particular haciéndole efectivo su seguro. Ante ello exigieron al gobernador Juan Manuel carreras que en caso de enfermarse al igual que Jaime Pineda reciban el mismo trato en una clínica particular pues se supone que su seguro de gastos mayores los debe de proteger salvó que no lo estén pagando.

Como siempre el que atendió la demanda fue el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, quien solo aceptó que el brote de contagios en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y en la Fiscalía General del Estado (FGE), se ha convertido en un problema en el esquema de vigilancia.

Con respecto a la delincuencia que acecha a los potosinos todos los días, el lunes por la tarde, el encargado de una tienda de abarrotes ubicada en la avenida Morales Saucito fue balaceado por resistirse a entregar la venta del día a un par de malvivientes que saben perfectamente la ausencia de vigilancia en la capital del Estado. De igual forma, en estos primeros días del 2021, una docena de mujeres han sido arteramente asesinadas y se suman a las docenas de feminicidios de 2020, en el que las policías municipal, estatal y de Investigación parecen estar de florero.

Lamentablemente, ninguna autoridad asume su responsabilidad por la falta de infraestructura médica para atender pacientes con Covid-19, que cada vez aumenta la mortalidad sin que se inviertan más recursos en equipamiento y personal médico, como tampoco ninguna autoridad ha salido a dar la cara a la ciudadanía por las matanzas, robos a comercios y viviendas, así como asaltos con violencia que se están suscitando en las cuatro zonas del Estado.

El alcalde de la capital, Alfredo Lujambio, sigue viviendo en “Navalandia”, el gobernador del Estado Juan Manuel Carreras, odiado por el pueblo que gobierna por solapar la corrupción, por insensible e inepto, y sus jefes policiacos Edgar Jiménez Arcadia y Jaime Ernesto Pineda Arteaga solapadores de la delincuencia común y organizada.