Por Redacción Contra Réplica

Reforma Constitucional en San Luis Potosí Asegura Derecho a la Movilidad Segura y Sostenible

El Congreso de San Luis Potosí aprueba una importante reforma constitucional que garantiza el derecho a la movilidad bajo principios de seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

El pleno del Congreso de San Luis Potosí ha dado un paso significativo hacia la promoción de un entorno más seguro y accesible para todos sus habitantes al aprobar una reforma constitucional que formaliza el derecho a la movilidad. Esta nueva enmienda reconoce la movilidad como un derecho fundamental que promueve la seguridad vial, la accesibilidad, la eficiencia, la calidad, la inclusión y la igualdad. La medida refleja un compromiso con los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social, y se extiende a mejorar las condiciones de vida y facilitar el acceso a otros derechos humanos esenciales.

Esta reforma surge en un contexto de crecimiento demográfico acelerado en San Luis Potosí, donde se hace cada vez más necesario implementar políticas que simplifiquen la vida cotidiana de las personas, permitiéndoles moverse libremente y sin barreras para realizar sus actividades diarias. El texto aprobado subraya la importancia de la movilidad no solo en grandes ciudades sino en cualquier lugar donde las personas desarrollen su vida, destacando que el libre tránsito debe ser eficiente y sostenible para apoyar el desarrollo socioeconómico dinámico de toda la región.

La reforma también incluye disposiciones para optimizar el uso de recursos y maximizar la eficiencia en el transporte y las vialidades, garantizando que los desplazamientos sean lo más costo-efectivos posible. Además, se enfoca en la sostenibilidad, buscando un uso racional de los medios de transporte para minimizar el impacto ambiental, crucial para mejorar el entorno natural y la calidad de vida de los potosinos. El decreto, que adiciona un nuevo párrafo al artículo 8º de la Constitución Política del Estado, está ahora en proceso de ser remitido a los 58 ayuntamientos para su consideración y eventual ratificación, asegurando que la reforma esté alineada con los principios nacionales y locales de movilidad y urbanismo.