Pareciera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es uno de los integrantes de las reformas al sistema político mexicano. Incluso antes de la elección presidencial de 2006, poco se sabía de este tribunal constitucional encargado de validar de manera equitativa y sin presiones la elección a la Presidencia de la República, Senadurías, así como las Gubernaturas de los Estados, las diputaciones locales y federales, y los casi 2,477 municipios de México.

La próxima semana tendrá un papel crucial dentro de la vida política de nuestro país al entregar la calificación de la elección presidencial, en la que no se esperan sobresaltos, en virtud de los aplastantes resultados del partido oficial. Por lo tanto, las impugnaciones en contra de la elección presidencial pasarán a ser un trámite anecdótico. Sin embargo, estas sirven para forjar la historia de las más altas magistraturas del país, que están por cumplir 30 años.

Fue en 1996 que se modificó la ley para establecer este nuevo mecanismo de justicia electoral. Sin embargo, ¿cuál es la importancia de este espacio que ha determinado el rumbo de la elección presidencial por más de 28 años? Sencillamente, hagamos una retrospectiva de 28 años a la fecha: ¿cómo ha cambiado la conformación política de nuestro país? Hemos transitado por la alternancia con la integración de 6 presidencias de la república, y estamos a punto de entrar a la primera presidencia de una mujer, algo que quizás hace 30 años ni siquiera imaginábamos.

Es aquí donde radica la importancia de este órgano jurisdiccional, que ha aprobado criterios novedosos, al igual que novedosas han sido las estrategias para burlar la ley por parte de los partidos políticos. Es cierto que es un tribunal que ha llegado a tener excesos, es un órgano que quizás no es del todo comprendido, pero también es un órgano que ha abierto de forma gratuita la posibilidad de capacitar a cientos de personas con una educación de calidad, e incluso han ofertado sus postgrados competitivos.

El papel del tribunal en estos días será cuestionable según el cristal con que se mire. Es decir, si el criterio perjudica al candidato, será que el tribunal no hizo lo correcto; pero si el tribunal le da la razón al candidato, se hará justicia. Ese es un papel bastante complejo: ganarse la admiración de unos, pero el odio de otros. Sin duda, ese es el papel de un tribunal constitucional: garantizar la imparcialidad y la equidad de las decisiones que serán calificadas. Sin embargo, es un tribunal aún incompleto, como casi la mayoría de los tribunales electorales de los estados.

Es decir, este próximo octubre saldrá la segunda camada de juzgadores electorales que deberán ser renovados en vista del próximo proceso electoral que, dicho sea de paso, ya comenzó. Quien no se haya dado cuenta tendrá que ser analítico y ver las señales, porque “ya hay señales y habrá señales”. ¿Y a quién corresponde determinar si las señales son adelantadas o conforme a derecho? Efectivamente, a los tribunales de los estados, cuya propia naturaleza les ha permitido superar el rezago legislativo que mantiene con magistraturas temporales desde hace tres años; sus funciones las realizan a modo de encargo.

En la tan sonada Sala Superior del Tribunal Electoral falta designar un espacio. Son 6 de 7 magistraturas las que atienden los asuntos más importantes del país, y en sesiones logran sacar adelante los asuntos electorales. Faltan al día de hoy 49 nombramientos; en el próximo mes de octubre faltarán 98 nombramientos, es decir, una centena de estos magistrados, entre ellos los de la entidad potosina, que hasta ahora se desconoce quiénes podrían aspirar ante la falta de convocatoria.

Finalmente, queda cuestionarse si hoy el papel de los tribunales electorales es el de héroe, porque sin duda el 15 de agosto, cuando entregue la constancia de mayoría, será el héroe y el mejor tribunal de México. Pero cuando sancione, será villano, el villano que le negó el acceso a un espacio a algún candidato del país, y que sin duda será para él y su grupo un tribunal corrupto. Y finalmente, será la víctima de la falta de designaciones de su magistratura faltante y de las casi 100 en los estados que no sabremos cuándo se resolverán o quizás nunca se resolverán.

Alguna vez lo dijo José María Morelos y Pavón, e incluso la sala superior lo mandó poner en letras doradas: "Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario." Esperemos que la justicia electoral no sea una víctima mortal de las reformas futuras.