Ante la inminente reforma al Poder Judicial Federal, que plantea la votación en 2025 de 31 cargos que serán de elección popular, así como cerca de 1,600 jueces de distrito, magistrados y ministros, debemos hacernos varios cuestionamientos importantes para la elección de estos y el reto que significará hacerlo de manera periódica durante al menos dos ocasiones en la próxima administración federal. Ante este gran desafío, debemos entender los cuestionamientos y posicionamientos que implicará este interesante reto electoral en el país.

Para ilustrar el desafío, quienes se postulen deberán cumplir con requisitos que anteriormente no se contemplaban y que sin duda representan cuestiones novedosas. Empecemos por partes para entender la complejidad del proceso de designación.

En primer lugar, ¿cuántos abogados conoce? Y, ¿qué opina usted de ellos? Sin duda, son muy pocos, y los que conoce podrían ser, en algunos casos, personajes de terror o personas que no son de su simpatía, pero que necesitan de sus servicios para resolver un problema legal. No se trata de hablar mal de la profesión, pero la realidad es que la abogacía tiene una mala reputación en este país.

En segundo lugar, ¿cuántos jueces, magistrados o ministros conoce? En mi experiencia docente, pocos de mis alumnos conocen a más de cinco ministros de la Corte Suprema, de un total de once. ¿Sabe usted cómo se llama el presidente del Supremo Tribunal del Estado? La realidad es que muy pocos, o casi nadie, los conocen. Si un estudiante de derecho tiene dificultades para conocer a estos personajes, el pueblo, que en muchas ocasiones no recuerda ni la fecha de su matrimonio o el día de nacimiento de sus hijos, mucho menos conoce al juez que lo atendió o una lista de al menos 100 abogados que cumplan con los requisitos para ser postulados al Poder Judicial.

En tercer lugar, las campañas en radio y televisión. Como abogado electoralista, estoy ansioso por ver cómo comienzan las campañas. Imagine la posibilidad infinita de jingles, canciones, TikToks, debates y demás artilugios novedosos que los especialistas en redes sociales podrán producir para obtener un espacio en los 30 segundos de radio y televisión a los que estará expuesta la ciudadanía, que acaba de pasar meses de campañas electorales cargadas de desacreditaciones y sin propuestas. Ahora, ¿cómo se medirán estos candidatos? ¿Según sus casos, sus expedientes? La mayoría de los asuntos deben mantenerse en secreto y no deben ser ventilados. Los aspirantes podrían enfrentar ataques, especialmente si han detenido a importantes criminales. Exponer los casos podría llevar a linchamientos públicos o mediáticos, o incluso a la parcialidad para obtener simpatías, ya que, en el país de las injusticias, cualquier propuesta, por más lejana que parezca, puede convertirse en realidad.

En cuarto lugar, con los bajos índices de votación en el país, nos enfrentamos al reto de llamar a las urnas en 2025 y 2027. Los análisis electorales indican que habrá una baja participación. Es una tendencia que la elección intermedia siempre tenga un índice de participación más bajo; es decir, después de la elección presidencial, a la gente no le interesará proponer, escuchar, comparar, contrastar y debatir la designación de los cargos judiciales. Hay ciudadanos que, hoy en día, no saben quién es su diputado, y si se les pregunta por su legislador federal y estatal, se sorprenderán de los resultados.

En quinto lugar, en el entendido de que una elección se basa en propuestas y resultados, en la boleta electoral se deberá marcar la opción del candidato que llevará la rienda de los asuntos en los que cualquier ciudadano sea parte. ¿Cuál será el criterio de evaluación si no se contará con una fotografía? En caso de que haya una, ¿qué opción le convence más? ¿El juez con toga y birrete, el juez con el mazo en la mano y los hombros cruzados, el juez joven o el viejo, el que usa sombrero, el que tiene apodo, o el formal que lleva traje? Es una decisión difícil, ¿no lo cree? El verdadero reto será cómo elegir el nombre correcto del juez, ministro o magistrado. Si para tachar una de las 11 opciones electorales existe un manual de votos válidos y no válidos, imagine si yo me postulara. ¿Se acordaría de mi nombre completo? ¿Qué pasará con los homónimos? Yo tengo dos a nivel nacional que, afortunadamente, no ejercen la abogacía, pero ¿qué ocurrirá con esos votos válidos? Sin duda, el reto es grande.

Continuará...