Según la Administradora Boliviana de Caminos, a las 09:30 de la mañana se registraban siete bloqueos en diferentes puntos estratégicos del país. Estas manifestaciones surgen en respaldo al líder cocalero, quien enfrenta una posible aprehensión por no comparecer ante la justicia en una investigación por delitos de trata de personas y estupro, tras ser acusado de haber embarazado a una adolescente en 2016, cuando era presidente.
Las organizaciones sociales que respaldan a Morales han condicionado el diálogo con el Gobierno a una serie de acciones. Ponciano Santos, dirigente campesino, manifestó que “si Luis Arce quiere diálogo”, primero debe abrogar un decreto que prohíbe las quemas y declara una pausa ambiental indefinida, además de reconocer el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ratificó a Morales como líder del partido. También exigen que el presidente declare públicamente que Morales está habilitado para ser candidato en las elecciones de 2025 y que se levanten los procesos judiciales en su contra.
En una declaración contundente, Santos retó al presidente Arce a acudir a uno de los bloqueos para establecer un diálogo directo: “Si no es cobarde ni traidor, venga a un punto de bloqueo para el diálogo”, afirmó. A pesar de que el Gobierno había convocado a Morales y otros líderes a una reunión el lunes, no se presentó.
Las demandas incluyen también un listado de 18 puntos que abordan temas como la estabilización de precios de la canasta familiar, el abastecimiento de combustible y el cese de la “persecución judicial y el abuso de poder”. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, respondió a estas exigencias, afirmando que la habilitación electoral de Morales no es competencia del Órgano Ejecutivo. “El bloqueo promovido por el evismo tiene fines políticos y personales, centrados en la búsqueda de impunidad y en la defensa de una candidatura inconstitucional”, declaró Alcón.
Mientras tanto, organizaciones afines al gobierno de Arce han solicitado la intervención de los bloqueos para garantizar el libre tránsito y mitigar el aumento de precios en la canasta básica, que ya se ha visto afectada por las protestas. El ministro del Gobierno, Eduardo Del Castillo, indicó que cada piquete será intervenido “de acuerdo a los requerimientos”.
Este clima de movilización se produce en un momento crítico para el Movimiento Al Socialismo, evidenciando la lucha interna por el control del partido y la candidatura de 2025 entre Evo Morales y Luis Arce. Morales, por su parte, ha denunciado la apertura de ocho procesos judiciales en su contra entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre, considerando esto como una campaña de lawfare destinada a eliminarlo del escenario político mediante la manipulación judicial. Las acusaciones en su contra abarcan desde instigación pública a delinquir hasta corrupción y violencia sexual contra menores.
Con información de Infobae.
