Desde el centro cocalero del Chapare, Morales declaró su disposición a iniciar un diálogo en dos mesas, una económica y otra política, siempre que sea mediado por organismos internacionales o gobiernos amigos. Los bloqueos, que cumplen tres semanas, han dejado a varias rutas interrumpidas, afectando el suministro en ciudades como Santa Cruz y agravando la crisis económica con aumentos de precios en productos esenciales. Según testimonios, en los puntos de bloqueo los manifestantes exigen pagos para permitir el paso, mientras escombros, llantas y árboles bloquean la carretera entre Cochabamba y la región cocalera.

El conflicto también ha escalado a enfrentamientos con el gobierno. Morales acusa a Arce de “traición” y de proteger redes de corrupción y narcotráfico, afirmando que sus seguidores solo buscan estabilidad económica y política, como en su gestión (2006-2019). Por su parte, el gobierno boliviano rechaza las acusaciones y sostiene que Morales moviliza a sus bases solo para evadir procesos judiciales, como la investigación por abuso de una menor en 2016.

Además, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha calificado las acciones de Morales de “delincuenciales” y aseguró que la policía no ha usado armas en su labor de despejar las vías. Las tensiones aumentaron tras un supuesto atentado contra Morales, lo cual él atribuyó a fuerzas del gobierno, mientras que el gobierno alega que fue él quien huyó tras resistirse a un control de seguridad.

La situación ha captado la atención de la comunidad internacional, con la cancillería boliviana denunciando la toma de tres unidades militares y 200 soldados retenidos por seguidores de Morales, aunque el exmandatario lo niega, afirmando que solo se trata de una vigilia. La pugna entre Morales y Arce representa una creciente división en el partido gobernante y amenaza con intensificar las tensiones sociales y económicas en Bolivia, complicando el escenario político de cara a los comicios de 2025.

Con información de Proceso.