En la madrugada del 12 de noviembre, la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, bajo control militar, fue escenario de un violento enfrentamiento que dejó 15 reos muertos y 14 heridos. Este incidente, el primero de 2024, reaviva las preocupaciones sobre la violencia extrema en las cárceles de Ecuador y evidencia la limitada efectividad de la militarización como medida de control. El Servicio de Atención Integral (SNAI) confirmó los decesos e informó que se desplegó el “Bloque de Seguridad” para retomar el control y activar un operativo de requisa de gran escala, asegurando que las instalaciones quedaron bajo "control absoluto".
Según reportes locales, fuerzas militares y policiales acudieron a la penitenciaría tras el incidente. La periodista Karol Noroña, especialista en seguridad, señaló que este hecho se produjo en el aniversario de una masacre en 2021, que también dejó decenas de muertos. Además, reveló que uno de los reos fue desmembrado y que el pabellón 3, ocupado por bandas como Los Duendes, Mafia 18 y Trébol Killer, fue el escenario del crimen. Pese a las especulaciones sobre posibles fugas, el SNAI informó que ningún reo logró escapar.
La crisis carcelaria en Ecuador no es nueva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de 2022, denunció que las cárceles ecuatorianas ofrecen condiciones inhumanas, señalando la falta de control estatal en los penales, que operan bajo influencia de bandas criminales. Además, un reciente informe de la ONU detalló problemas como falta de alimentación, agua y atención médica, denunciando situaciones de tortura, abuso sexual y carencias en programas de rehabilitación.
En respuesta a la creciente violencia en el sistema penitenciario, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, propuso una reforma constitucional para eliminar la categoría de “grupos de atención prioritaria” para las personas privadas de libertad. Según el comunicado emitido el 6 de noviembre de 2024, esta iniciativa busca un “sentido de justicia e igualdad” en la distribución de recursos estatales, modificando los artículos 35 y 51 de la Constitución. Sin embargo, la medida ha generado controversia, pues algunos expertos en derechos humanos advierten que podría ser regresiva y contraria a los principios constitucionales y compromisos internacionales del país.
La tragedia en la Penitenciaría del Litoral y la propuesta de reforma constitucional ponen en el foco la crisis de seguridad y derechos humanos en las cárceles de Ecuador, evidenciando la urgencia de implementar soluciones que garanticen tanto la seguridad como el respeto a los derechos de los reclusos en el país.
Con información de Infobae.
