Desde las elecciones de 2018, cuando se planteó un cambio radical en torno a la integración de políticas públicas, se promovieron importantes ejercicios ciudadanos. Sin embargo, aunque estas iniciativas marcaron un parteaguas en la vida democrática del país, su implementación inicial fue limitada y no garantizó plenamente los mecanismos de participación establecidos en aquel momento. A pesar de ello, estos ejercicios han sido relevantes en la construcción de una democracia que lleva cerca de 32 años de evolución. Sin embargo, no han representado un avance significativo en el ejercicio de derechos adquiridos, aunque sí podrían consolidar un hito en el poder ciudadano bajo la narrativa de "el pueblo decide".

En 2018, el listado nominal contaba con 89,123,355 personas con derecho al voto. De estas, solo 56,611,027 acudieron a ejercer su derecho, dejando fuera a 32,512,328 ciudadanos. Es decir, las abstenciones superaron al total de votos del ganador de aquella elección, quien obtuvo 30,113,483 votos. Esto refleja una tendencia preocupante de desinterés en los procesos democráticos, incluso en un contexto de alta expectativa política.

Posteriormente, se llevaron a cabo ejercicios de consulta que pretendieron reforzar la participación ciudadana. Uno de los más controvertidos fue la consulta sobre el proyecto del Aeropuerto de Texcoco, realizada en octubre de 2018 sin el aval del Instituto Nacional Electoral (INE). En ella, participaron apenas 1,067,859 personas (menos del 1% del padrón electoral), de las cuales el 69.95% votó por cancelar el proyecto.

En los años siguientes, se impulsaron más consultas, como las relacionadas con el Istmo de Tehuantepec (marzo de 2019), la Refinería Dos Bocas (junio y julio de 2019) y el Tren Maya (diciembre de 2019). Aunque estas iniciativas movilizaron a ciertos sectores, la participación ciudadana continuó siendo marginal en comparación con el padrón electoral. Por ejemplo, en la consulta del Tren Maya, solo el 70% de la población convocada votó, y de estos, el 92.3% respaldó el proyecto.

En las elecciones intermedias de 2021, el listado nominal creció a 91,940,907 votantes, con un incremento de casi 2 millones respecto a 2018. Sin embargo, la consulta ciudadana para decidir sobre el enjuiciamiento de expresidentes apenas movilizó entre el 7.07% y el 7.74% de los convocados, muy lejos del 40% necesario para que el resultado fuese vinculante.

Un precedente importante se sentó en 2022 con la consulta de revocación de mandato. Aunque participaron 16,502,636 votantes (17.77% del listado nominal), esta cifra tampoco alcanzó el umbral para ser vinculante. Esto evidenció una mejora en términos de participación, pero insuficiente para consolidar este mecanismo como herramienta efectiva de democracia directa.

Para las elecciones presidenciales de 2024, el listado nominal creció a 98,825,323 votantes. No obstante, los números muestran que el abstencionismo sigue siendo un desafío: 62,900,804 personas no acudieron a votar, una cifra mayor a los 60,115,184 que sí lo hicieron. De estos, 35,924,519 votaron por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. El fenómeno del abstencionismo persiste como una constante que ensombrece los procesos democráticos.

Es simplista atribuir la baja participación electoral únicamente al desinterés ciudadano o a condicionantes externas. La realidad es que el voto no ocupa un lugar prioritario en nuestra sociedad, y esta falta de interés refleja un desencanto generalizado con la política. La repetición de ejercicios democráticos sin resultados tangibles para la población puede llevar a un desgaste que termine minando el sistema mismo.

En este contexto, la elección prevista para 2025, donde se convocará a los ciudadanos a decidir sobre la integración de órganos como el Poder Judicial, podría enfrentar un escenario de apatía aún mayor. Esto pone en evidencia la necesidad de analizar a profundidad el modelo democrático actual y diseñar estrategias que incentiven una participación más activa, auténtica y representativa.

El reto es monumental, pero la solución no puede limitarse a la implementación de más consultas o ejercicios simbólicos. Democratizar el sistema implica garantizar que los ciudadanos perciban el impacto real de su participación, de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar un ciclo de apatía que, lejos de fortalecer nuestra democracia, la debilita.