En un hecho sin precedentes en la política reciente de Corea del Sur, el presidente Yoon Suk Yeol declaró este martes la ley marcial de emergencia, justificando la medida como una acción necesaria para proteger al país de las "fuerzas comunistas" de Corea del Norte y otros elementos que considera antiestatales. En un discurso televisado, Yoon afirmó que esta decisión responde a la necesidad de salvaguardar la democracia liberal surcoreana frente a las amenazas externas e internas.

La declaración llega en un contexto político tenso, marcado por la moción del opositor Partido Democrático para destituir a algunos de los principales fiscales del gobierno y su negativa a aprobar la propuesta presupuestaria presentada por el Ejecutivo. Estas acciones han sido calificadas por Yoon como intentos de desestabilizar su administración.

Según el comunicado del comandante Park An-su, encargado de implementar la ley marcial, se prohíben todas las actividades políticas, incluidas las del Parlamento y los consejos locales. Asimismo, los partidos políticos y asociaciones deberán cesar sus operaciones, al igual que cualquier asamblea o manifestación pública. Además, los medios de comunicación estarán bajo control estatal, lo que implica severas restricciones a la libertad de prensa.

La popularidad de Yoon ha disminuido significativamente en los últimos meses, dificultando su capacidad para avanzar en su agenda en un Parlamento dominado por la oposición desde que asumió el cargo en 2022. Críticos de la medida consideran que la declaración de ley marcial podría profundizar la polarización política y aumentar la tensión social en el país.

Este anuncio ha generado preocupación a nivel internacional, particularmente entre los aliados de Corea del Sur, quienes observan con cautela los posibles impactos sobre la estabilidad regional y los derechos democráticos en una nación históricamente comprometida con la libertad y el estado de derecho.