Según la líder opositora María Corina Machado, los funcionarios se desplegaron en cinco vehículos, mostrando una actitud agresiva y violando acuerdos internacionales.

Machado calificó el operativo como un acto de intimidación que convierte a la embajada en una "cárcel" para los seis refugiados políticos que se encuentran en su interior. Además, denunció que la sede diplomática lleva más de 12 días sin agua ni electricidad, situación que atribuye a acciones deliberadas del gobierno de Nicolás Maduro.

En su declaración, Machado instó a los gobiernos de Argentina y Brasil a garantizar salvoconductos para los asilados y restituir los servicios esenciales en la embajada. También solicitó la intervención del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela para evitar nuevas violaciones al derecho internacional.

El opositor exiliado Edmundo González Urrutia calificó las condiciones de los refugiados como "tortura", destacando la falta de acceso a agua, luz y alimentos. Magalí Meda, una de las asiladas, compartió un video describiendo las condiciones precarias dentro de la residencia diplomática, donde la presencia constante de patrullas policiales genera temor.

La situación ha escalado desde agosto, cuando Brasil asumió la custodia de la embajada tras la expulsión de los diplomáticos argentinos. En septiembre, el régimen de Maduro revocó esta protección, acusando a los refugiados de planear actos terroristas, intensificando así el asedio.

La presión internacional crece, con la cancillería argentina denunciando los actos de hostigamiento e instando a las autoridades venezolanas a respetar las normas diplomáticas y permitir la salida segura de los refugiados.

Con información de Infobae.