El tribunal penal de Vaucluse dictó sentencia en el controvertido caso de violación de Mazan, condenando a 51 acusados a penas de entre cinco y 15 años de prisión por violación agravada, y otorgando a Dominique Pelicot, principal implicado, la pena máxima de 20 años con un periodo de seguridad de dos tercios, lo que impide su libertad condicional antes de cumplir al menos dos tercios de la condena.

Aunque estas condenas fueron severas, las sentencias fueron más leves de lo solicitado por la Fiscalía, desatando una oleada de indignación entre colectivos feministas que consideraron insuficientes las penas para los acusados de un delito tan grave. Afuera del tribunal, manifestantes corearon frases como "Vergüenza para la justicia" y "Justicia cómplice", expresando su descontento con el veredicto.

El caso, que involucró actos de violación agravada perpetrados durante casi una década contra Gisèle Pelicot, evidenció la falta de una definición clara del consentimiento en el código penal francés. A diferencia de países como España o Suecia, donde el consentimiento explícito ya es un elemento clave para tipificar la violación, Francia sigue enfrentando críticas por no haber actualizado su legislación.

Didier Migaud, exministro de Justicia, se mostró partidario de reformar la ley para incluir el consentimiento como un criterio fundamental, pero su propuesta aún no se ha materializado. Este vacío legal ha provocado debates intensos sobre la protección de las víctimas y la necesidad de endurecer las sanciones contra agresores sexuales.

El juicio, que se extendió por dos meses y medio, estuvo marcado por testimonios desgarradores y una atención mediática considerable. Sin embargo, las críticas no solo se limitaron al fallo del tribunal. Christophe Bruschi, abogado de uno de los acusados, fue abucheado y empujado por manifestantes al salir del tribunal, calificando a las feministas como "tejedoras", comentario que avivó aún más la polémica.

La resolución del caso Mazan deja en evidencia la urgente necesidad de una reforma que priorice el consentimiento y garantice justicia plena para las víctimas.