El año de 1994 en México tuvo de todo: levantamiento armado, tratado comercial, pacto para el bienestar, magnicidios, proceso electoral y hasta una crisis económica, conocida como el “error de diciembre” o “efecto tequila” en el contexto internacional.

El terreno para la crisis financiera era fértil dos años atrás. Se detonó el 20 de diciembre de 1994, en el contexto de una lucha política entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el entonces nuevo mandatario Ernesto Zedillo.

El enfrentamiento Salinas-Zedillo dejó el inédito encarcelamiento de un hermano del expresidente y una huelga de hambre de Carlos Salinas, aludiendo persecución política. Esa lucha provocó daño a la imagen del PRI, que se reflejó en las elecciones de 1997 y, después, en el año 2000, cuando perdió la Presidencia de México.

El llamado “error de diciembre” causó, en lo inmediato, un coctel económico adverso para las finanzas de toda la gente de México y del gobierno: devaluación del 15% del peso frente al dólar, inflación, salida de capitales, déficit fiscal, comercial y de cuenta corriente.

Los elevados intereses bancarios por préstamos para vivienda y automóviles, principalmente, ahogaron a los mexicanos. Muchos perdieron su patrimonio. El gobierno, en cambio, ejecutó un rescate bancario. Las deudas privadas, multimillonarias, de unos cuantos, se convirtieron en deudas públicas que se han pagado y se pagan con impuestos.

El “error de diciembre” echó a andar el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado en 1990, que en 1998 se convirtió en Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

La deuda que se generó hace 30 años aún acecha a las finanzas públicas del país, en detrimento del presupuesto para otros sectores.

La deuda original que cubrió el Fobaproa fue de 552 mil millones de pesos. Diputados federales de la LXVI Legislatura (2024-2027) estiman que se han pagado, en las últimas tres décadas, más de 1.3 billones de pesos solamente de los intereses generados. Proponen la cancelación de pagos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador —que fue un acérrimo crítico del Fobaproa y de quienes se beneficiaron de él— no tomó ninguna medida al respecto.

El saldo de la deuda neta del IPAB estimado al cierre de 2024 es de un billón 24 mil 164 millones 500 mil pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Para el Ejercicio Fiscal de 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitó 52 mil 451 millones de pesos para el pago de la deuda.

La suma a pagar en 2025 es mayor al presupuesto para el mismo año asignado a la Universidad Nacional Autónoma de México, de 50 mil 418 millones de pesos. Pero también se podrían organizar cuatro elecciones extraordinarias de jueces, ministros y magistrados.