El reciente anuncio del salario mínimo en Colombia para 2025, fijado en $1.423.500 con un auxilio de transporte de $200.000, ha desatado un debate sobre sus posibles repercusiones económicas. Entre las voces críticas destaca la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien expresó su preocupación por los efectos que este incremento podría tener en la sostenibilidad empresarial y el empleo formal.

Uribe subrayó que, si bien un salario mínimo más alto representa un avance en la calidad de vida de los trabajadores, su implementación debe ir acompañada de condiciones que favorezcan a las empresas. En este sentido, propuso reducir los impuestos corporativos y flexibilizar las normas laborales como medidas clave para evitar que el aumento salarial derive en un incremento de la informalidad y la pérdida de beneficios como la seguridad social.

El Gobierno actual defiende la medida como un paso hacia la mejora del poder adquisitivo de los colombianos, especialmente en un contexto de inflación y desigualdad. Sin embargo, sectores empresariales han advertido sobre los riesgos que el incremento podría representar para el empleo formal, argumentando que muchas pequeñas y medianas empresas podrían verse obligadas a reducir sus plantillas o migrar hacia la informalidad para sobrevivir.

Uribe fue enfático al señalar que, en lugar de aumentar los impuestos, se deben priorizar estrategias para incentivar la inversión empresarial. Asimismo, cuestionó el uso ineficiente de recursos públicos, enfatizando que el combate al derroche y la corrupción debe ser central en las políticas de desarrollo económico.

Este debate pone en evidencia la tensión entre las medidas de bienestar social y las condiciones necesarias para mantener una economía equilibrada. A medida que se implementa el nuevo salario mínimo, el desafío para Colombia será garantizar que el impacto positivo en los trabajadores no se vea opacado por un debilitamiento en la estructura económica del país.