El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a las redadas migratorias en lugares previamente catalogados como “protegidos”, entre ellos escuelas, iglesias y hospitales. Esta decisión, anunciada un día después de su regreso al poder, reafirma su promesa de campaña de implementar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.
La medida revoca una directriz emitida en 2021 por el gobierno de Joe Biden, que restringía a los agentes de migración realizar arrestos en sitios considerados sensibles sin autorización de un superior. Estos lugares incluían centros educativos, instalaciones de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones y centros de ayuda tras desastres naturales.
Con esta nueva política, las autoridades migratorias podrán realizar operativos sin las limitaciones impuestas anteriormente, lo que ha generado preocupación entre activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes temen un aumento en la vulnerabilidad de las comunidades migrantes.
El gobierno de Trump justificó la decisión argumentando la necesidad de garantizar la seguridad nacional y la aplicación estricta de las leyes migratorias, aunque esta acción ha sido criticada por posibles implicaciones en la protección de derechos fundamentales y la estabilidad de comunidades vulnerables.
