En los últimos días, el puerto fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, Baja California, ha sido escenario de la llegada de decenas de migrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos. Aunque se especuló que estas acciones estaban relacionadas con los recientes decretos del presidente Donald Trump, las autoridades locales han aclarado que se trata de procedimientos iniciados bajo la administración del expresidente Joe Biden.
El martes por la tarde, un centenar de personas fue deportado por este puerto fronterizo tras ser detenidas en ciudades como Denver, Colorado, y Las Vegas, Nevada. Sin embargo, varios de los migrantes regresaron al día siguiente al Instituto Nacional de Migración (INM) para solicitar apoyo para regresar a sus lugares de origen y aclararon que llevaban más de un mes detenidos en centros de migración de Estados Unidos.
Alfredo Álvarez, secretario de Gobierno de Baja California, explicó en conferencia de prensa que estas deportaciones “no se derivan de los decretos de la nueva presidencia de Estados Unidos, sino que corresponden a procesos regulares iniciados previamente”. Añadió que el flujo de deportaciones aún no ha cambiado en respuesta a las nuevas políticas anunciadas por Trump.
En este sentido, las autoridades mexicanas, en coordinación con el INM y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), han monitoreado los procedimientos fronterizos. A los migrantes deportados se les han ofrecido opciones como el albergue temporal en el Centro Integrador “Carmen Serdán” o el retorno asistido a sus comunidades.
“El mensaje es claro: cualquier deportación de nuestros paisanos debe realizarse con dignidad y respeto a los derechos humanos. Este es un principio que hemos compartido con las autoridades estadounidenses, especialmente de cara a las nuevas medidas de Trump”, señaló Álvarez.
Preocupación por las nuevas políticas migratorias
El anuncio del presidente Donald Trump de intensificar las redadas migratorias, incluso en lugares anteriormente considerados seguros como escuelas e iglesias, ha generado una ola de preocupación en México. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó estas acciones, calificándolas como un retroceso en los derechos de los migrantes.
“México siempre defenderá los derechos de nuestros connacionales, especialmente frente a medidas que los vulneran. Estamos trabajando en estrategias de apoyo para quienes regresen a su patria”, afirmó Sheinbaum.
La amenaza de deportaciones masivas impacta directamente a México, ya que los migrantes mexicanos representan cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Además, las remesas enviadas por esta comunidad son un pilar económico, alcanzando un récord estimado de 65 mil millones de dólares en 2024, lo que equivale al 4 % del PIB nacional.
A medida que las políticas migratorias de Trump comiencen a implementarse, las autoridades mexicanas seguirán trabajando para garantizar la atención y el respeto de los derechos humanos de los migrantes deportados, mientras refuerzan los programas de integración y apoyo para quienes regresen al país.
