El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un catálogo de infracciones diseñado para regular y supervisar la próxima elección judicial. Este documento, enfocado en garantizar la transparencia y legalidad del proceso, establece restricciones para candidatos, partidos, servidores públicos, ciudadanos y concesionarios de medios.

Una de las disposiciones clave es la sanción a los actos anticipados de campaña, aplicable tanto a aspirantes como a candidatos oficiales. También se prohíbe la contratación de espacios publicitarios en radio, televisión y redes sociales con fines proselitistas. Estas medidas buscan garantizar la equidad entre los contendientes.

Durante la sesión, el consejero Jorge Montaño, encargado de la supervisión del proceso electoral, informó sobre los avances del cronograma. De las 359 actividades planeadas, 63 ya se completaron, 110 están en desarrollo y 186 están por comenzar. Aunque 18 tareas presentan retrasos, se aseguró que ninguna está en riesgo de incumplimiento.

El catálogo también contempla la prohibición del financiamiento privado y la participación de servidores públicos, especialmente aquellos vinculados a programas sociales, en actividades proselitistas. Esta medida pretende evitar cualquier presión indebida sobre los votantes y reforzar la confianza en el proceso electoral.

Para el día de la elección, el INE estableció metas claras en la instalación de casillas y el reporte de datos. Se espera alcanzar entre 77 y 80 % de cobertura informativa antes de las 11:00 de la mañana, incrementándose a un rango de 88 a 90 % al mediodía, con el objetivo de garantizar un monitoreo preciso del proceso.

En una sesión complementaria, se revisó el plan de trabajo del Órgano Interno de Control (OIC). Dado que algunas auditorías coinciden con las actividades electorales, el INE acordó coordinar ajustes para evitar interferencias y asegurar un desarrollo fluido de las elecciones.