Imaginemos esta escena de México a mediados de los años 2000: un domingo sin nada interesante en la televisión y, de pronto, aparece en los anuncios de las películas a transmitir en el Canal 5 El Ángel de la Justicia, estelarizada por Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson y Harrison Ford. En la pantalla, la típica escena de una película norteamericana en donde los balazos y las explosiones son la principal característica de ese justiciero que se encuentra al borde de la ley, pero que tiene sus propios principios. Un título llamativo, sin duda, que hace pensar en una película palomera. Sin embargo, en esta ocasión no se trata de una producción de Hollywood, sino de un aspirante a juez con ínfulas de superhéroe que, con tan espectacular nombre, busca hacerse de un espacio en el poder judicial. No tengo duda de que más de uno votará por él, cegado por la espectacularidad del título sin conocer realmente el papel de un juez en la vida cotidiana.

Esta imagen viene a colación porque, en la antesala de la elección judicial, esta semana se ha enmarcado en una discusión que para algunos parecería irrelevante, pero para otros es trascendental. Se trata de un interesante debate impulsado por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre si se deben permitir o no los sobrenombres en la boleta electoral. En tiempos de sobreinformación, nos encontramos ante una situación compleja que podría cambiar incluso la forma en que entendemos las próximas elecciones judiciales, no por el fondo de la reforma, sino por una cuestión de tecnicismos que, según el propio INE, vulnera el principio de equidad en la contienda. Muy seguramente, este debate concluirá con una interesante sentencia judicial que determinará los parámetros del derecho a utilizar un sobrenombre, alias o apodo en la boleta.

Para quienes nos apasiona el derecho electoral y los procesos electorales, resulta inconcebible ver boletas sin detalles identitarios característicos. Desde el sombrero que en municipios preponderantemente agrícolas puede ser un factor de decisión a favor de un candidato, hasta el uso de apodos como un aspecto identitario de la sociedad mexicana. Pensemos en un ejemplo cotidiano: todos conocemos a alguien cuyo nombre desconocemos, pero sí su apodo. Desde "Güero" para el taquero, "Joven" para el marchante, "Manita", "El Pelos", "El Manos"... Hasta "Chuy" es un indispensable de la identidad mexicana. Sin embargo, en términos criminales, el fenómeno resulta aún más fascinante: en los bajos fondos de la delincuencia, las ocurrencias pueden ser bastante chuscas, con apodos que predominan sobre los nombres en detenciones. Jurídicamente, no hay una normativa clara al respecto, salvo en la materia electoral, donde se permite de forma escueta que los aspirantes se registren con un apodo.

Recordemos a Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco; Vicente Fox Quesada y su infame Chachalaca; Andrés Manuel López Obrador, conocido como El Peje. Y, por qué no, recordar algunos de los apodos más emblemáticos de los presidentes de México: José López Portillo, bautizado como El Té de Manzanilla, porque caía bien pero no servía para nada; Miguel de la Madrid Hurtado, a quien el vulgo llamó Miguel de la Madrid Hurtando, El Ratón Miguelito o Morelos I, en alusión al satélite mexicano que siempre estaba en órbita. Y, sin duda, el villano favorito de muchos, Carlos Salinas de Gortari, quien recibió múltiples apodos: La Hormiga Atómica por su calvicie, El Súper Ratón o Topo Gigio por sus orejas, y Carlos Salinas Recortari por sus políticas de austeridad.

Es innegable que un apodo puede funcionar como un distintivo identitario que separa el nombre tradicional del mote popular, pero el INE ha decidido poner un alto. Los apodos como Ministra del Pueblo, El Ángel de la Justicia, El Juez del Pueblo, El Magistrado del Cambio, El Juez Memo, El Juez de AMLO y El Defensor Popular han pasado de ser un derecho a utilizar un sobrenombre a convertirse en una comedia que podría terminar en tragedia. Estos autodenominados aspirantes a jueces y ministros parecen querer llegar al cargo bajo el título de una película de acción de los ochenta. El chiste se cuenta solo, pero será tarea de los ciudadanos evaluar si realmente son lo que dicen ser.

Fue este miércoles cuando, en sesión del pleno, el Consejo General del INE consideró improcedente incluir los sobrenombres de las candidaturas en las boletas del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El acuerdo aprobado establece que los sobrenombres solicitados buscan reconocimiento y posicionamiento frente al resto de los contendientes, lo que rompe con los principios de equidad e imparcialidad que rigen la función electoral. Decisión acertada en casos como el de la autodenominada Ministra del Pueblo, que incluso llegó a patentar su seudónimo.

Es importante señalar que, más allá de la seriedad de la elección, uno de los principales factores para negar la inclusión de sobrenombres en la boleta tiene que ver con el ajuste en el tamaño de la letra, lo que dificultaría su lectura y afectaría el ejercicio del voto. Por ello, el Consejo General determinó que no caben los sobrenombres en la boleta. Vaya dilema. Le diremos adiós al Ángel Caído, a la Ministra del Pueblo y a mi favorito, El Defensor Popular. Aunque, si yo compitiera por un cargo, no perdería la oportunidad de homenajear al justiciero de Ciudad Gótica: El Caballero de la Noche. Sin embargo, como en la política, será su desempeño el que termine por definir un apodo más cercano a la realidad.