La Procuraduría General de la Nación inició un monitoreo riguroso para verificar la legalidad de los incrementos e instó al Ministerio de Minas y Energía a revisar las políticas derivadas del alza de precios. También pidió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) implementar medidas urgentes para equilibrar la situación en el contexto actual del abastecimiento.

Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios fue llamada a fortalecer la supervisión del sector, mientras que a las empresas distribuidoras se les exigió mayor claridad y transparencia en la información sobre las razones de los incrementos y su impacto en los usuarios.