El Gobierno colombiano denunció este viernes el secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública en el departamento del Cauca, suroeste del país, tras un intento de homicidio ocurrido el jueves en los caseríos de El Plateado y La Hacienda, ubicados en los municipios de Argelia y El Tambo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó los hechos y responsabilizó al grupo Carlos Patiño, una disidencia de las antiguas FARC, por este “repudiable delito”.
Según Sánchez, el grupo armado, dedicado al narcotráfico, instrumentalizó a pobladores locales para atacar a las fuerzas del Estado. “La vida y seguridad de los miembros de la Fuerza Pública secuestrados es responsabilidad directa de quienes cometieron este delito”, declaró el ministro en su cuenta de X (antes Twitter). Aunque no precisó la identidad de los secuestrados, medios locales indican que la mayoría son policías que ayudaron a repeler una asonada de pobladores contra el Ejército, durante la cual se incendiaron dos vehículos oficiales.
El ministro también denunció que el grupo Carlos Patiño recluta menores de edad y coacciona a la población civil para expulsar a la Fuerza Pública y evitar que el Estado brinde servicios esenciales como salud, educación y oportunidades de desarrollo. “Estas acciones buscan sembrar miedo y frenar la llegada de proyectos sociales que benefician a las comunidades”, agregó Sánchez.
Los hechos ocurren en el marco de la ‘Operación Perseo’, lanzada el 12 de octubre de 2023 con más de mil soldados para retomar el control de El Plateado, principal bastión del grupo Carlos Patiño. Sin embargo, cinco meses después, las disidencias siguen controlando la zona, lo que ha dificultado los esfuerzos del Gobierno para restablecer la seguridad y el orden en la región.
Además, Sánchez condenó la voladura de un puente que conecta El Plateado con La Hacienda, un acto que calificó como una muestra de cómo estas acciones afectan directamente a las comunidades, limitando su movilidad y acceso a servicios esenciales.
El ministro reiteró que en el Cañón del Micay, una zona estratégica para las rutas del narcotráfico, no se realizarán acciones de erradicación forzada de cultivos de coca, en línea con la política del Gobierno de buscar soluciones integrales al conflicto y promover el desarrollo en las regiones más afectadas por la violencia.
Este incidente subraya los desafíos que enfrenta Colombia en su lucha contra los grupos armados ilegales y su compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades en zonas históricamente vulnerables.
