Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en 2017, y tras su reciente y polémico discurso del 5 de marzo, los temores sobre un posible endurecimiento de las leyes migratorias han aumentado. Una de las normas que más preocupa a los migrantes es la conocida como "Ley de los diez años", una disposición que afecta a quienes acumulan más de un año de presencia irregular en el país y que, al salir, deben esperar una década antes de poder solicitar su reingreso.

Esta norma, basada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), no es nueva, pero su aplicación ha tenido un impacto devastador en miles de familias migrantes. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la regla se activa cuando una persona ha permanecido ilegalmente en el país por más de un año y luego sale, ya sea voluntariamente o por deportación. Si intenta regresar antes de que transcurran diez años, se le deniega el ingreso.

Además, si un migrante ha estado irregularmente en EE. UU. por más de 180 días pero menos de un año, debe esperar tres años antes de poder solicitar su reingreso. Estas restricciones han llevado a muchos migrantes a evitar regularizar su situación por miedo a ser separados de sus familias o perder sus empleos.

Impacto en las familias migrantes

La "Ley de los diez años" afecta especialmente a quienes necesitan salir de EE. UU. para obtener una visa o una tarjeta verde. Ernesto Castañeda, profesor de la American University en Washington, explica que muchos migrantes regresan a sus países de origen pensando que un familiar con ciudadanía o residencia permanente puede ayudarlos a regresar, pero el proceso no es sencillo ni garantizado.

Helena Olea, abogada especialista en derechos humanos y vicedirectora de Alianza Américas, destaca que esta norma tiene consecuencias devastadoras para la unidad familiar. "Si los padres de niños nacidos en EE. UU. son deportados, estamos ante una separación familiar con graves consecuencias emocionales y económicas", afirma.

Según estimaciones del Pew Research Center, en 2022 había 11 millones de inmigrantes irregulares en EE. UU., de los cuales 4 millones eran mexicanos. Aunque este número ha disminuido desde su punto máximo en 2017, los mexicanos siguen siendo el grupo más numeroso de migrantes irregulares.

Aunque existen excepciones y exenciones, como el perdón por razones humanitarias o las exenciones provisorias para quienes tienen familiares directos con ciudadanía, estas son difíciles de obtener. Castañeda señala que "hay un programa etno-racial nacionalista blanco muy claro en la agenda de Trump y sus asesores en materia migratoria", lo que dificulta aún más la regularización de los migrantes.

Posibles soluciones

Helena Olea sugiere que la "Ley de los diez años" debería ser reconsiderada debido a sus implicaciones negativas. Como ejemplo, menciona las legislaciones migratorias de Argentina y Chile, que permiten a las autoridades considerar el impacto de las deportaciones en la unidad familiar.

Mientras tanto, los migrantes y sus familias continúan enfrentando un sistema migratorio complejo y despiadado, con pocas esperanzas de cambios significativos en el corto plazo, especialmente bajo un posible segundo mandato de Trump. La incertidumbre y el temor siguen siendo una constante para millones de personas que buscan una vida mejor en Estados Unidos.