El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha decidido no imponer represalias inmediatas tras la reciente imposición de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio mexicanos. Sheinbaum declaró que su administración evaluará la situación y definirá las acciones a seguir el próximo 2 de abril, buscando evitar una escalada en las tensiones comerciales entre ambos países.

Esta postura contrasta con la de otros socios comerciales de Estados Unidos, como Canadá y la Unión Europea, que han respondido con medidas arancelarias recíprocas. La presidenta Sheinbaum enfatizó la importancia de mantener la calma y continuar las negociaciones para alcanzar una solución favorable que no perjudique sectores estratégicos de la economía mexicana, como el automotriz. 

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respaldó la estrategia de "cabeza fría" adoptada por el gobierno, destacando la relevancia de la integración económica entre México y Estados Unidos. Ebrard señaló que se mantendrán consultas con las industrias del acero y automotriz para evaluar posibles medidas y que se tomarán decisiones finales el 2 de abril. 

Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, descartó la posibilidad de una guerra arancelaria con Estados Unidos y aseguró que México cuenta con un marco comercial sólido y una política fiscal estable para enfrentar la volatilidad internacional. Amador subrayó la importancia de mantener la disciplina financiera y propuso un pacto fiscal para mejorar los ingresos de estados y municipios.

México es el segundo proveedor de acero para Estados Unidos, exportando principalmente láminas, tubos y barras de acero. Las industrias de la construcción, metalmecánica y automotriz en ambos lados de la frontera podrían verse afectadas por estos aranceles. El gobierno mexicano continuará dialogando con sus homólogos en Washington para resolver esta situación y evitar afectaciones mayores en la economía nacional.