La reciente liberación de Jesús Rivera Aguirre, alias "El Gordo Chuy", presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, ha generado críticas hacia la actuación de jueces federales en el país.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó su preocupación por la decisión de un juez federal que ordenó la liberación de Rivera Aguirre, detenido el 25 de febrero en Zacapu. El mandatario atribuyó a esta acción un incremento en la violencia en la región, incluyendo ataques a fuerzas de seguridad en municipios como Chilchota, Tanhuato y Yurécuaro. 

Este incidente ocurre en un contexto de debate sobre la reforma al Poder Judicial en México. La iniciativa presentada en febrero de 2024 propone, entre otros cambios, la elección popular de jueces y magistrados, buscando una justicia más cercana y transparente. Sin embargo, expertos y organizaciones han expresado preocupaciones sobre posibles implicaciones para la independencia judicial y la calidad del sistema de justicia. 

La liberación de "El Gordo Chuy" subraya la necesidad de evaluar y, posiblemente, reformar los procesos judiciales en México para garantizar que las decisiones judiciales contribuyan a la seguridad pública y reflejen el compromiso con la justicia y el estado de derecho.