El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), ha presentado una propuesta para reformar el artículo 390 del Código Penal Federal con el objetivo de incrementar hasta en un 50% las penas por el delito de extorsión cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores o personas indígenas. 

La legislación actual establece sanciones de dos a ocho años de prisión y multas de 40 a 60 días por extorsión. La reforma propuesta redefine el delito, abarcando coacciones mediante violencia, amenazas o intimidación, y amplía las sanciones a 40 a 160 días de multa. Además, contempla penas más severas si el delito es perpetrado por miembros de organizaciones criminales o desde centros penitenciarios. 

Esta iniciativa responde al alarmante incremento de la extorsión en el país. Entre enero de 2015 y septiembre de 2024, el 45.7% de las víctimas menores de 18 años fueron mujeres. En 2023, se registraron 10,337 denuncias por extorsión, manteniéndose cifras similares a 2022. Además, durante los primeros cuatro meses de 2024, se reportaron 31 víctimas diarias, evidenciando un aumento del 8.3% respecto al mismo periodo del año anterior. 

La extorsión no solo genera pérdidas económicas, sino que también afecta la estabilidad emocional y la percepción de seguridad de las víctimas. La propuesta legislativa busca actualizar el marco legal, considerando las diversas formas de extorsión actuales y reforzando las sanciones para combatir eficazmente este delito.