El gobierno de la presidenta Dina Boluarte decretó un estado de emergencia en Lima por 30 días a partir de este martes debido al aumento alarmante de la delincuencia, que incluye asesinatos y extorsiones. La medida ha sido tomada tras las crecientes demandas de legisladores que exigen la renuncia del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante la falta de acciones efectivas para frenar la criminalidad.

Desde la madrugada, se reportó la escasa presencia de fuerzas de seguridad en puntos clave de la ciudad, especialmente en paraderos de transporte público, lo que generó preocupación entre los ciudadanos. Pedro Quispe, un residente de la periferia norte de Lima, expresó su frustración: "No existe Estado, estamos abandonados a nuestra suerte". Quispe, quien se dirigía a su trabajo en un taller de costura, detalló la situación de violencia diaria que se vive en la ciudad, donde los robos y las extorsiones son comunes.

El decreto de emergencia recorta ciertos derechos constitucionales en Lima, permitiendo a las fuerzas de seguridad ingresar a domicilios y realizar detenciones sin necesidad de una orden judicial. Además, se restringe la libertad de reunión y circulación. La decisión gubernamental fue tomada luego del asesinato de Paul Flores, un cantante del popular grupo de cumbia Armonía 10, lo que desató una serie de críticas hacia el gobierno por no lograr frenar la violencia.

A pesar de las medidas excepcionales, la población parece escéptica sobre la efectividad del estado de emergencia. Jeny Ramírez, una residente de Lima, señaló que a pesar de que en las protestas anteriores hubo una notable presencia de policías y militares, hoy la ciudad se encuentra desprotegida, con las calles vacías y sin medidas visibles de seguridad.

Según un estudio de la consultora Videnza, los pequeños comerciantes en Lima pierden más de 137.000 dólares diarios debido a la delincuencia, un reflejo del impacto económico que ha tenido la violencia en la ciudad. Los asesinatos han aumentado drásticamente desde 2017, con una cifra que se ha triplicado en los últimos años. En 2023, se registraron 1.506 homicidios, y en 2024, ya se superaron los 2.000, lo que refleja una crisis de seguridad cada vez más difícil de controlar.

Las extorsiones también han experimentado un crecimiento notable, con un incremento de denuncias que se cuadruplicaron desde 2017. Con estos alarmantes datos, la población espera que las medidas adoptadas logren frenar la creciente ola de violencia, aunque las dudas persisten sobre su efectividad a largo plazo.