El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que permite la realización de corridas de toros sin violencia, una medida impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La iniciativa busca preservar la tradición taurina sin causar daño físico a los animales, lo que marca un precedente en la regulación de estos espectáculos. A pesar de la aprobación, la votación estuvo acompañada de intensas protestas tanto de grupos animalistas como de defensores de la tauromaquia.

La propuesta fue avalada en lo general y en lo particular, con ajustes en el tiempo máximo permitido para cada corrida, que pasó de los 10 minutos inicialmente propuestos a 15 minutos por toro o novillo. Además, se estableció que los toros deben ser devueltos a su ganadería o propietario al término de la corrida, asegurando su integridad física. Sin embargo, las modificaciones no fueron suficientes para calmar la controversia.

Antes de la votación, activistas y defensores de los derechos de los animales se congregaron en el monumento a Juárez y marcharon hacia el Congreso CDMX para manifestarse en contra de las corridas de toros, incluso en este formato sin violencia. La movilización sufrió demoras debido a enfrentamientos verbales y amenazas por parte de simpatizantes de la tauromaquia, quienes intentaron ingresar al recinto legislativo para impedir la votación.

Con la aprobación del dictamen, los manifestantes animalistas celebraron su victoria con consignas como "Ya cayó, ya cayó, la tauromaquia ya cayó", mientras regresaban al Congreso, en una muestra de triunfo para el movimiento en defensa de los derechos de los animales. Sin embargo, el debate sobre el futuro de la tauromaquia en la Ciudad de México parece lejos de terminar.