Tras diez años de reforma electoral, muchas cosas han cambiado: hemos tenido dos expresidentes y una presidenta, alternancia política y un profundo cambio en el entendimiento de la política actual. Si bien es cierto que no hemos encontrado un correcto funcionamiento del sistema electoral y se han quebrantado las leyes de manera sistemática, podemos decir que las instituciones electorales han resistido el embate del poder. Es preciso señalar que quienes diseñaron el funcionamiento de los tribunales electorales tenían un profundo conocimiento o planearon con gran detalle el esquema de operación del sistema electoral, considerando incluso cambios políticos que quizá jamás imaginaron.

Han pasado cuatro años, es decir, poco más de medio sexenio, en los que la renovación de los tribunales electorales se pausó de manera indefinida e incierta. Para la mayoría de la población, esto no representa una complicación significativa, pero a nivel local han desempeñado un papel crucial. Han sido estos tribunales los que han permitido realizar modificaciones a leyes que los legisladores solían mandar a la "congeladora". A través del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (el famoso JDC), se logró abrir la puerta para la despenalización del aborto en el estado. Por ello, debemos recordar que ningún político puede atribuirse este logro, ya que nació de una iniciativa ciudadana que fue votada en el pleno del Tribunal Electoral del Estado y, finalmente, aprobada en el Congreso.

Con sus deficiencias y todo, el tribunal hace lo que puede. Sin embargo, también debe actuar con prudencia política, ya que la amenaza de recortar el presupuesto a los tribunales electorales ha sido una estrategia utilizada por distintos gobiernos estatales. Así, el tribunal debe ser imparcial, pero sin poner en riesgo su financiamiento, ya que su operación depende de una capacidad económica limitada y sujeta a la voluntad del Congreso. Paradójicamente, los propios usuarios del tribunal, es decir, los actores políticos, son quienes limitan sus recursos. Si un político utiliza constantemente el tribunal, lo lógico sería que buscara su correcto funcionamiento. No parece justo ni coherente que sean precisamente ellos quienes pongan trabas a su operación.

En el ámbito local, el Tribunal Electoral ha pasado por procesos interesantes. Antes de constituirse como un tribunal autónomo tras la reforma de 2014, funcionaba como un tribunal mixto, especializado en procesos electorales. Durante este período, atendió los primeros juicios de violencia política de género, siendo el primero de ellos el que ocurrió en su propio pleno entre los magistrados Kalixto, Garza de Lira y Pedroza. De ahí proviene el procedimiento de renovación que permaneció congelado durante cuatro años y que hoy representa un importante reto en materia electoral.

Veintidós potosinos aspiran a renovar el tribunal, compitiendo once aspirantes por cada uno de los dos espacios disponibles. Entre ellos, Rigoberto Garza de Lira, quien fue aceptado en esta segunda etapa tras la salida de su ex compañera Yolanda Pedroza, quien permaneció diez años en el cargo debido a un conflicto de violencia política. Estos cuatro años de pausa le permitieron superar el impedimento establecido por Pedroza Reyes. En la lista de aspirantes también figuran consejeros electorales, representantes de partidos y varios ex integrantes de organismos electorales. Sin embargo, el futuro es incierto, ya que la designación de magistrados electorales locales recae en el Senado de la República. Resulta curioso que, ante la reforma judicial, no se haya optado por la elección de magistrados mediante voto popular.

Durante estos cuatro años, el tribunal no se quedó sin magistrados. Los espacios fueron ocupados por el secretario de estudio y cuenta más antiguo, quien al final logró el reconocimiento de sus derechos como magistrado electoral a través del propio JDC, pese a que inicialmente fueron violentados sus derechos político-electorales. ¿Qué sigue para el tribunal local? Desde mi perspectiva, un periodo de análisis e introspección, un proceso de definición. Quien llegue al cargo debe ser consciente de la importancia del tribunal electoral y de cómo evitar que caiga el último de los bastiones electorales.