Por Redacción Contra Réplica

Proponen reforma para proteger a niñas, niños y adolescentes del crimen organizado

La iniciativa busca que el Estado implemente medidas preventivas para evitar su reclutamiento.

Con el objetivo de frenar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada, la diputada Tania Palacios Kuri (PAN) presentó una iniciativa de reforma a los artículos 4º y 16 de la Constitución, con la intención de fortalecer las acciones preventivas desde el Estado.

La propuesta, enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada en estrategias que protejan a la niñez y eviten su participación en actividades ilícitas.

Palacios Kuri destacó que el reclutamiento infantil es un problema complejo que afecta a miles de menores, quienes, sin consentimiento y en condiciones de vulnerabilidad, terminan envueltos en redes criminales. "Se enfrentan a entornos de alto riesgo que los conducen a situaciones de violencia extrema, tanto como víctimas como victimarios", advirtió.

Entre los principales factores que propician esta problemática, señaló la pobreza, la desigualdad, la deserción escolar y la falta de oportunidades. Además, mencionó que el acceso limitado a la educación y el consumo de drogas agravan la situación, haciendo que muchos menores sean blanco fácil para grupos delictivos.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en 2023 se registraron 34,971 delitos contra personas de entre 0 y 17 años, cifra que supera los 30,704 casos reportados en 2022.

A nivel internacional, México ha suscrito diversos acuerdos para proteger a la infancia, sin embargo, Palacios Kuri enfatizó que aún existe una gran deuda en la materia. "No basta con reformar leyes; es imprescindible contar con un presupuesto suficiente y acciones concretas que garanticen la protección de la niñez", subrayó.

Finalmente, la diputada reiteró que esta reforma permitirá fortalecer el marco legal y establecer la obligación del Estado de prevenir el reclutamiento infantil de manera efectiva, asegurando el bienestar y desarrollo de las futuras generaciones.