La asesora jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, presentó una serie de reformas legislativas destinadas a mejorar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas en México. Entre las principales propuestas se incluyen la implementación de la CURP con foto y huellas dactilares como mecanismo oficial de identidad, la creación de bases de datos interconectadas y la eliminación de la espera de 72 horas para iniciar la búsqueda de desaparecidos. Además, se exigirá la colaboración de actores privados, como los servicios de transporte y telecomunicaciones, para entregar información relevante a las autoridades.
Durante su intervención en la conferencia mañanera, Godoy explicó que las reformas buscan mejorar la eficiencia del sistema de localización, facilitando el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y ciudadanos. La propuesta incluye la creación de una plataforma única de identidad que integrará la CURP de todos los ciudadanos, con fotografía y huellas dactilares, lo que permitirá generar alertas inmediatas en casos de desaparición. Esta medida tiene como objetivo agilizar las investigaciones y garantizar una respuesta más rápida y efectiva ante la denuncia de un caso.
Otro de los aspectos clave de las reformas es el fortalecimiento de las fiscalías estatales, que contarán con unidades especializadas para la investigación de desapariciones, incluyendo áreas para el análisis de contexto y delitos cibernéticos. Las reformas también establecen sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la actualización y generación de bases de datos relacionadas con la desaparición de personas. Las nuevas medidas buscan asegurar que toda la información esté disponible en tiempo real y que se pueda consultar a través de la Base Nacional de Carpetas de Investigación.
Finalmente, se creará el Sistema Nacional de Alerta de Búsqueda y Localización de Personas, que emitirá notificaciones y permitirá identificar coincidencias entre los distintos sistemas asociados, incluyendo la CURP. Estas reformas tienen como fin una respuesta más eficiente y coordinada ante los casos de desaparición, lo que representa un paso crucial en la lucha contra este problema en el país.
