En respuesta a la ola de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en América Latina, la diputada de Morena, Ana Buendía, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de la CDMX, con el fin de incrementar en un tercio las penas por homicidio cuando las víctimas sean comunicadores o activistas y el crimen esté vinculado a su labor.

La propuesta, que modificaría el Artículo 138 TER, plantea sanciones adicionales como hasta 360 horas de trabajo comunitario y busca combatir la impunidad en crímenes que, según Buendía, "buscan silenciar voces críticas y erosionar la democracia". La legisladora, presidenta de la Comisión de Atención a Víctimas, enfatizó que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.

En paralelo, el diputado del PAN Ricardo Rubio Torres presentó una reforma a la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de la CDMX, exigiendo que las medidas de seguridad —como escoltas o reubicaciones— sean personalizadas, considerando género, contexto sociocultural y nivel de riesgo. "La protección debe ser eficaz, no simbólica", afirmó Rubio, quien preside la Comisión de Protección a Periodistas.

Ambas iniciativas, que serán analizadas por comisiones legislativas, surgen en un contexto donde, según organismos internacionales, México es el país con más periodistas asesinados en América Latina en la última década. Los proponentes coincidieron en que la violencia contra estos grupos no solo atenta contra vidas, sino contra el derecho a la información y la libertad de expresión.

Próximos pasos: Las propuestas serán revisadas por las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, con participación de colectivos y víctimas. Mientras, organizaciones civiles exigen que las reformas vayan acompañadas de presupuesto y voluntad política para su implementación efectiva.