México vivirá en 2025 un hecho sin precedentes: la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto ciudadano. Esta reforma busca democratizar el Poder Judicial, permitiendo que la población decida quiénes impartirán justicia en el país. Sin embargo, el proceso ha generado inquietudes sobre su viabilidad y posibles riesgos de politización.

En total, se elegirán 881 cargos judiciales, incluyendo jueces de primera instancia, magistrados de tribunales de apelación y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las campañas tendrán restricciones estrictas, ya que los candidatos no podrán recibir financiamiento público ni hacer proselitismo tradicional, lo que podría dificultar que los ciudadanos conozcan sus perfiles.

Expertos advierten que la participación podría ser baja, estimando un rango del 8% al 15% de votantes. Además, existe preocupación sobre la independencia judicial, ya que algunos sectores temen que el proceso sea influenciado por intereses políticos. Aun así, el gobierno defiende la reforma como un paso hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas en el sistema de justicia.

Las elecciones judiciales coincidirán con los comicios federales del 1 de junio de 2025, donde también se renovará la Presidencia, el Congreso y otros cargos locales. El desafío será garantizar que la ciudadanía tenga información suficiente para emitir un voto informado, en un proceso que marcará un antes y un después en la historia judicial del país.