Pueblos indígenas de Baja California, Oaxaca e Hidalgo denunciaron haber sido excluidos del listado de beneficiarios del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam) 2025, programa anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 21 de marzo.
Cristina Solano Díaz, presidenta de la Autoridad Comunitaria Pluricultural del Cañón Buenavista en Ensenada, explicó que, aunque las 300 mil personas indígenas que habitan en San Quintín, Tijuana y Ensenada están registradas en el catálogo federal, no fueron consideradas en el Faispiam.
"Muchas comunidades ni siquiera figuran en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), aunque lo han solicitado", señaló. Añadió que, aunque los indígenas en Baja California no viven en un solo territorio, mantienen una fuerte organización a través de fiestas tradicionales, mayordomías y su lengua. "No es falta de organización, es falta de diálogo", afirmó.
Ante esto, redactaron un documento dirigido a Sheinbaum para exigir su inclusión y trabajan en un plan de justicia y desarrollo para las comunidades asentadas en el estado.
La Unión de Autoridades de la Nación Ayuuk en Oaxaca envió una carta a la presidenta, denunciando el abandono del gobierno estatal de Salomón Jara Cruz.
"¿No es dejarnos en el abandono excluirnos del Faispiam?", cuestionaron. También reprocharon que se les haya negado acceso al programa de rehabilitación de caminos (con una inversión de 2 mil millones de pesos) y que ningún municipio mixe fuera beneficiado, pese a su histórica marginación.
En Ixmiquilpan, Hidalgo, más de 20 barrios y comunidades indígenas —como San Nicolás, El Tephé y Taxadho— quedaron fuera del Faispiam, pese a su relevancia cultural en el Valle del Mezquital.
El fondo, que este año supera los 12 mil millones de pesos, está destinado a obras y acciones sociales para pueblos originarios, pero las comunidades afectadas exigen una revisión inmediata de su exclusión.
Las comunidades esperan una respuesta del gobierno federal, mientras organizan estrategias para garantizar que sus derechos no sigan siendo vulnerados. "Si no estamos en estos programas, ¿de qué sirve el reconocimiento constitucional?", cuestionaron las autoridades mixes.
Mientras, el INPI y la Secretaría de Bienestar no han emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias.
