La Plataforma de Derechos Humanos, integrada por 18 organizaciones civiles, alertó sobre una crisis persistente en el sistema de salud en Oaxaca, situación que ha sido ignorada por el gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz. Desde finales de 2024, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una alerta temprana que no ha sido atendida por las autoridades.

Las organizaciones informaron que desde el 24 de marzo interpusieron un amparo colectivo ante la omisión del Estado para garantizar el derecho a la salud. El recurso legal está actualmente en proceso de admisibilidad y responde a la creciente preocupación por la precariedad de los servicios médicos, la falta de respuesta institucional y el deterioro de las condiciones en hospitales públicos.

Los integrantes de la plataforma enfatizaron que el derecho a la salud está reconocido en la Constitución mexicana, así como en tratados internacionales, y subrayaron que en hospitales como el Doctor Aurelio Valdivieso, en la capital del estado, se han documentado la escasez de insumos, medicamentos y personal, lo que incluso ha provocado la suspensión de cirugías.

Asimismo, señalaron que la deficiencia en la infraestructura para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades afecta directamente a los grupos más vulnerables, como mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad e indígenas. Por ello, solicitaron con urgencia una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud, IMSS Bienestar, la Secretaría de Gobierno y la DDHPO para atender esta emergencia.

Entre las agrupaciones que integran la Plataforma de Derechos Humanos están el Centro de Derechos Humanos Indígenas Flor y Canto, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha y el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, entre otras.