Diez días después de haber sido destituido por declarar la ley marcial, el expresidente conservador de Corea del Sur, Yoon, compareció por primera vez ante el tribunal en un juicio penal que lo acusa de orquestar una rebelión. Esta medida, que incluyó el despliegue de tropas en Seúl y la suspensión de actividades legislativas, lo convirtió en el primer mandatario surcoreano en enfrentar cargos de este tipo estando aún en funciones.

La Corte Constitucional ratificó su destitución al considerar que su decreto causó un daño grave al orden constitucional y a la confianza pública. Aunque Yoon asegura que su intención fue “pacífica” y orientada a denunciar el supuesto abuso de poder de la oposición liberal, los fiscales lo acusan de intentar cerrar ilegalmente la Asamblea Nacional y la comisión electoral, algo que la Constitución surcoreana prohíbe incluso en estado de emergencia.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl debe determinar si Yoon realmente intentó socavar el orden democrático. Según testimonios, el expresidente habría ordenado a los militares impedir la votación del Congreso para anular su decreto, lo que contradice su versión de que aceptaría cualquier resolución parlamentaria. Las implicaciones del juicio son significativas, ya que una condena por rebelión en Corea del Sur conlleva únicamente dos posibles penas: cadena perpetua o la pena capital.

Este proceso judicial también influirá en la elección presidencial anticipada programada para el 3 de junio. Aunque Yoon ya no cuenta con inmunidad, se prevé que intente influir en la elección del candidato de su partido, el conservador Partido del Poder del Pueblo, con la esperanza de obtener eventualmente un indulto en caso de ser condenado.

El juicio podría extenderse entre uno y dos años debido a la cantidad de testigos y documentos involucrados. Posteriormente, los recursos legales podrían escalar hasta el Tribunal Supremo, aunque los especialistas estiman que todo el proceso no debería superar los tres años. Entretanto, Yoon enfrenta no solo este juicio por rebelión, sino posibles cargos adicionales por abuso de poder y violación de la ley constitucional.