El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que enviará de inmediato una solicitud a la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, para que se declare el estado de emergencia en la entidad, debido a la grave sequía que enfrenta y que ha puesto en riesgo diversas actividades productivas.

Aunque aseguró que el abasto de agua potable para la población está garantizado, advirtió que el almacenamiento en las presas se encuentra en un nivel crítico, con apenas un 7.7 por ciento de su capacidad total. Esta situación ha tenido un impacto especialmente severo en el sector ganadero, donde los productores ya registran pérdidas significativas por la falta de agua y forraje.

“Es una contingencia extraordinaria. Hoy mismo mandaré la solicitud”, expresó Rocha Moya, quien recordó que en diciembre pasado el gobierno federal rechazó una petición similar. No obstante, consideró que el deterioro de las condiciones obliga a una respuesta inmediata por parte de las autoridades federales.

La escasez de lluvias en los últimos ciclos agrícolas ha dejado a Sinaloa, uno de los principales productores de alimentos del país, en una situación de vulnerabilidad. En particular, los municipios del norte y centro del estado enfrentan problemas para sostener sus actividades agropecuarias. Ante ello, el mandatario estatal insistió en que se requiere un apoyo urgente para implementar medidas de mitigación.

El gobernador agregó que, en caso de que se declare la emergencia, podrían canalizarse recursos federales extraordinarios para atender a los sectores afectados. Además, esto permitiría facilitar la distribución de agua mediante pipas y el establecimiento de puntos de abastecimiento en zonas rurales, así como apoyos directos a los ganaderos que ya han comenzado a liquidar parte de su hato.

La solicitud se formalizará en las próximas horas y Rocha Moya confía en que esta vez la federación responda con sensibilidad ante la gravedad de la crisis. Mientras tanto, pidió a los sinaloenses hacer un uso responsable del agua y reiteró su compromiso de proteger tanto el derecho al acceso al líquido como el desarrollo económico del estado.