En un acto de firme exigencia, la activista Yndira Sandoval, acompañada por colectivos de mujeres, presentó en Tlaxcala la Ley 3 de 3, una propuesta que busca impedir que agresores, deudores alimentarios y violentadores de mujeres accedan a cargos públicos en cualquier orden de gobierno. La solicitud fue dirigida al Congreso local para armonizar dicha legislación y lograr su adhesión en los 60 municipios del estado.

Durante el evento, Sandoval también lanzó un llamado directo a la gobernadora Lorena Cuéllar, a quien instó a recomponer el rumbo, luego de que se modificó la ley estatal para permitir el nombramiento de Luis Antonio Ramírez como secretario de Gobierno, pese a que su exesposa lo ha señalado como deudor alimentario.

“La ley no tiene dedicatoria, pero sí destinatarios: todos aquellos violentadores que hoy ejercen el poder con impunidad. Tiene una gran oportunidad la gobernadora Lorena de pasar a la historia, no solapando a ningún deudor ni agresor”, declaró Sandoval.

Al llamado se sumaron activistas locales, como Yeny Charrez, quien previamente denunció al primer regidor de la capital por agredir a su esposa. Charrez también respaldó públicamente a la exesposa del actual secretario de Gobierno, denunciando que Ramírez dejó de cubrir la pensión de su hijo menor durante varios meses, aún cuando el menor estaba enfermo.

Durante la presentación, familiares de mujeres agredidas también alzaron la voz. Entre ellas, Margarita, madre de Edith, quien fue violentada por el primer regidor capitalino. “A mi hija toda la vida la ha golpeado. Han sido varias ocasiones en que ha pedido ayuda. Él se vale del poder para hacerla regresar y amenaza con destruirla a ella y a su familia”, expresó entre lágrimas.

Las activistas reiteraron que permitir a agresores ocupar cargos públicos solo fortalece la impunidad y perpetúa la violencia desde las esferas de poder. También sostuvieron una reunión con el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez, para dialogar sobre la implementación de la Ley 3 de 3 en la capital.

La armonización de esta ley busca convertirse en una herramienta legal efectiva para garantizar que ninguna persona con antecedentes de violencia contra mujeres, ni deudas alimentarias, pueda ejercer un cargo público en México.