Familiares de las víctimas de Miguel N, presunto feminicida serial de Iztacalco, exigieron a las autoridades acceso a la necropsia y pruebas periciales para confirmar su fallecimiento, ocurrido recientemente en un hospital luego de una caída dentro del Reclusorio Oriente.

Ernesto Hoyuela, padre de María José —una de las siete víctimas— expresó sus dudas mediante una carta pública: “No estamos seguros de la muerte de Miguel N hasta tener certeza plena de que nos hayan mostrado el cuerpo, la autopsia o lo que sea necesario dentro del marco legal. Yo aún no creo nada”.

El padre de familia también cuestionó la coincidencia temporal del fallecimiento: “¿Por qué ahora? Justo en la víspera del aniversario luctuoso de mi niña... ¿por qué cuando estábamos más cerca de que al fin se le dictara sentencia?”.

Erendali Trujillo, abogada de Casandra, madre de María José, señaló que la noticia del fallecimiento llegó a través de los medios y no fue comunicada oficialmente por las autoridades, lo que ha generado aún más incertidumbre. Confirmó que ya se iniciaron quejas y carpetas de investigación para solicitar el acceso inmediato a los resultados de la necropsia y confirmar la identidad del cuerpo.

La abogada también denunció que días antes de su fallecimiento, Miguel N se comunicó desde prisión con las víctimas para burlarse de ellas y declarar que no se arrepentía de sus crímenes, lo que motivó una solicitud de cita urgente con el director del reclusorio. Tras su muerte, la reunión se llevó a cabo y el director aseguró no tener nada que ocultar, mostrando disposición para colaborar en el esclarecimiento del caso.

Trujillo agregó que Miguel N no contaba aún con una sentencia ni había tenido una audiencia formal desde su vinculación a proceso en 2024, lo que suma a las irregularidades del caso.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se realizan estudios periciales, necropsia y exámenes toxicológicos con el fin de esclarecer la causa del deceso y determinar si hubo responsabilidades dentro del penal. Asimismo, confirmó que los asesores jurídicos de las víctimas tuvieron acceso al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para supervisar los procedimientos.