Con la inesperada designación de magistrados electorales locales en la entidad potosina, surgen importantes retos para afrontar una elección que se encuentra a medio desarrollo. Un cambio de esta naturaleza generará inevitablemente un efecto dominó, debido a la curva de aprendizaje que deberán superar los nuevos magistrados, quienes el pasado jueves 10 de abril tomaron protesta y deberán atender asuntos no solo relacionados con la elección judicial, sino también con procesos municipales, iniciativas ciudadanas y aquellos recursos que los propios partidos políticos presenten ante el tribunal jurisdiccional.
Es importante señalar que, si bien los magistrados se incorporan a un equipo de trabajo con una dinámica previamente establecida, podrían aportar criterios e interpretaciones distintas. La reincorporación de los secretarios de estudio y cuenta del Tribunal Electoral será un importante refuerzo en la construcción de resoluciones judiciales que deberán resolverse de manera expedita ante los criterios contradictorios de los órganos administrativos en materia electoral. En este contexto, deberán prevalecer los lineamientos establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un entorno complejo determinado por las votaciones del órgano colegiado electoral del estado.
La llegada de dos perfiles que han sido identificados como afines a Morena y a la Cuarta Transformación no necesariamente implica parcialidad, pero tampoco garantiza imparcialidad. Lejos de establecer una lucha de poderes entre los partidos que controlan el Legislativo local, esta primera prueba hacia la elección judicial de 2027 deberá ser determinante en su capacidad de actuar con autonomía. El reto es enorme, pues aún no se vislumbra un camino claro para los aspirantes a cargos judiciales, quienes, en caso de inconformidad, podrán recurrir a la vía impugnativa ante instancias locales y federales para solicitar recuentos o anulación de cómputos.
Celebro, en primera instancia, que se haya destrabado el proceso de elección y renovación de magistrados electorales. Sin embargo, tras una pausa de cuatro años, bien pudo abrirse una nueva convocatoria o incluso haberse esperado a concluir la elección judicial en curso. Sorprende que, después de un largo periodo de inacción, en menos de cuatro meses se haya logrado avanzar con la designación, lo cual deja ver que no fue coincidencia, sino resultado de un cálculo político. Este movimiento estratégico podría marcar la ruta no solo de la elección judicial, sino también de la elección constitucional, aunque aún es prematuro juzgar la actuación de los nuevos magistrados.
El tiempo apremia, y las impugnaciones no cesan. Hasta el corte de esta columna, sumaban cerca de 90 medios de impugnación en los estrados electrónicos, una cifra que fácilmente podría alcanzar los 200 asuntos en tres ponencias electorales. Esta carga de trabajo es considerablemente alta en comparación con otros procesos, y debe servir como argumento para que el próximo año se otorgue un presupuesto más holgado al máximo tribunal electoral del estado, responsable de calificar la elección de jueces y magistrados.
Lo más lamentable de esta renovación es la manera en que se trató a los secretarios de estudio y cuenta que fungieron como magistrados en funciones. Durante este periodo, cubrieron vacantes con profesionalismo y compromiso. Sin embargo, el Senado de la República decidió reemplazarlos sin agradecimiento, reconocimiento o compensación económica. Como dice la canción de Joan Manuel Serrat: “Vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura a sus misas”. Aquí no ha pasado nada. Gracias por su servicio… pero muerto el rey, viva el rey.
No se trataba necesariamente de otorgar un bono de retiro como si se tratara de magistrados titulares, pero en el caso potosino, después de tres años ejerciendo funciones jurisdiccionales, incluso enfrentando bloqueos institucionales por parte de las magistradas Yolanda Pedroza Reyes y Denisse Adriana Porras Guerrero, lo justo hubiera sido garantizar al menos los derechos laborales correspondientes al puesto que desempeñaron.
Lamentablemente, eso ya es historia. Lo justo habría sido una compensación económica o algún reconocimiento formal al trabajo realizado, pero el "hubiera" no existe.
