Madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas encabezaron este domingo una rodada ciclista en la Ciudad de México, como parte de la Segunda Jornada Nacional de Búsqueda Humanitaria. La movilización fue convocada por la Unificación Nacional de Familias Buscadoras, que agrupa a más de 70 colectivos de 23 estados del país, con el objetivo de exigir justicia y mantener viva la búsqueda de sus seres queridos.

La jornada inició en dos puntos emblemáticos: la Glorieta de Personas Desaparecidas en Paseo de la Reforma y la sede de la Fiscalía capitalina. Desde ahí, contingentes de familiares, activistas, ciclistas y artistas recorrieron las calles para visibilizar la crisis humanitaria que representan las más de 123 mil personas desaparecidas en México. A lo largo del trayecto colocaron fichas de búsqueda y carteles con mensajes como “Iluminando juntas el camino hacia la verdad” y “Basta de impunidad”, así como consignas plasmadas en muros cercanos: “Hasta encontrarles” y “Bicis en lucha”.

El recorrido concluyó en Tacuba con actividades artísticas, pero el mensaje fue contundente: las familias no dejarán de buscar. En un comunicado emitido el 14 de abril, los colectivos expresaron: “Buscaremos a nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposos, esposas y a todos nuestros tesoros que fueron arrebatados por la violencia y por un Estado que ni busca, ni investiga, ni sanciona, ni repara”. El llamado se extendió a diversos sectores de la sociedad, incluidos iglesias, académicos, sindicatos, periodistas, estudiantes, pueblos originarios, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena, para unirse a la lucha desde sus espacios.

Esta jornada se da en un contexto de alta tensión, tras los recientes hallazgos de restos humanos en el Rancho Izaguirre, Jalisco, y las reuniones entre colectivos y la Secretaría de Gobernación, en las que se exigió el relevo de Teresa Reyes y Rosario Piedra Ibarra, titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda y la CNDH, respectivamente. Además, cientos de familias firmaron una carta respaldando la apertura de un procedimiento internacional por desapariciones forzadas, que podría escalar el tema ante la ONU. Aunque el gobierno federal ha dicho estar dispuesto a colaborar, rechaza que exista una política de desapariciones desde el Estado.

Desde cada rincón del país, las familias reafirmaron su compromiso: no se detendrán hasta encontrarles.