Durante una sesión itinerante celebrada en Ciudad Valles, el Congreso del Estado de San Luis Potosí hizo un enérgico llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) para que actúen sin distinciones de poder económico o político, particularmente en casos de violencia contra las mujeres que permanecen en la impunidad.

El exhorto surge a raíz del caso del notario Raúl N., señalado por ejercer violencia contra su pareja sentimental y difundir imágenes íntimas sin su consentimiento. Aunque existe una orden de aprehensión en su contra, el acusado no ha sido detenido, lo que ha generado sospechas de tráfico de influencias y protección derivada de su posición económica.

El diputado Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que este pronunciamiento cuenta con el respaldo de todas las fracciones parlamentarias y busca que las autoridades cumplan con su deber sin favoritismos. “No podemos permitir que el dinero o los contactos protejan a los agresores”, expresó.

La legisladora Martha Patricia Aradillas fue quien visibilizó públicamente el caso, al que calificó como emblemático por la omisión de justicia y el daño irreparable causado a la víctima. El exhorto también fue respaldado por la diputada Leticia Vázquez, quien lo presentó formalmente ante el pleno como parte de las actividades del Congreso Itinerante.

María Elena Ríos, activista y sobreviviente de un ataque con ácido, estuvo presente en la sesión y se sumó al pronunciamiento. Reconoció el respaldo del Congreso potosino a causas que buscan erradicar la violencia de género y reiteró que la justicia debe ser accesible para todas, sin importar el poder del agresor.

El Congreso reiteró su compromiso con las mujeres y recordó que recientemente se aprobó la “Ley Malena”, que sanciona con severidad los ataques con ácido, reafirmando así su postura de cero tolerancia a la violencia.