La política migratoria de la administración Trump vuelve a estar bajo la lupa tras una serie de deportaciones que involucran a madres migrantes y a sus hijos, algunos de ellos ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Estas acciones han despertado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la legalidad de los procedimientos utilizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Uno de los casos más recientes es el de Jenny Carolina López Villela, una madre hondureña que fue detenida en marzo al presentarse a una cita de rutina con ICE en Nueva Orleans. López fue deportada ese mismo día junto a su hija de dos años, nacida en Estados Unidos. Aunque las autoridades aseguran que la mujer eligió llevarse a su hija consigo, un juez federal expresó su preocupación al considerar que el proceso pudo haber implicado la deportación de una ciudadana estadounidense sin las garantías legales correspondientes, según reportó The Guardian.

Otro caso que ha generado alarma es el de Yorely Bernal Inciarte y Maiker Espinoza Escalona, una pareja venezolana que llegó a Estados Unidos en 2024 buscando refugio. Ambos fueron deportados tras ser acusados de tener vínculos con la organización criminal Tren de Aragua, aunque ellos niegan cualquier relación. Su hija Maikelys, ciudadana estadounidense, quedó bajo custodia del gobierno en un hogar temporal mientras sus padres fueron enviados a Venezuela y El Salvador, respectivamente. Desde su país, Bernal denuncia la separación y exige reunirse con su hija, de acuerdo con ABC7.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció que estas deportaciones ocurrieron sin que las madres pudieran comunicarse con abogados o familiares, ni contar con tiempo suficiente para apelar las decisiones. Además, las expulsiones habrían sido realizadas en horarios en los que los tribunales permanecían cerrados, lo que limitó cualquier intento de detenerlas legalmente, según información de Swissinfo.

 Ante la creciente presión, las autoridades enfrentan demandas para revisar las políticas actuales y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las familias migrantes.