El Parlamento de Francia abrió este lunes el debate sobre un tema que durante años ha generado divisiones profundas en la sociedad: la legalización de la muerte asistida. El proyecto de ley impulsado por el presidente Emmanuel Macron permitiría a pacientes con enfermedades incurables en fase avanzada solicitar ayuda médica para morir, en condiciones específicas.

La propuesta contempla que solo personas mayores de edad, con residencia prolongada en Francia, y en pleno uso de sus facultades puedan acceder a este derecho. Además, deberán padecer un sufrimiento físico o psicológico considerado insoportable, sin posibilidad de mejora con tratamientos existentes. Aunque la mayoría parlamentaria y cerca del 90% de la población aprueban esta medida, la discusión será extensa y se prevé una votación el próximo 29 de mayo.

Sin embargo, la iniciativa ha generado resistencia en distintos sectores. Asociaciones médicas y religiosas, como la Conferencia Episcopal Francesa, han manifestado su preocupación por el posible deterioro de la relación entre médicos y pacientes, así como por las implicaciones éticas de permitir que la medicina intervenga activamente en el final de la vida. Algunos profesionales de salud incluso han exigido mayores garantías legales si la ley se aprueba.

El primer ministro François Bayrou propuso separar la ley en dos: una enfocada en fortalecer los cuidados paliativos y otra sobre la asistencia para morir, lo cual ha generado inquietudes entre legisladores que consideran que este enfoque podría debilitar la intención original de la reforma.

Organizaciones como la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente (ADMD) reconocen el avance del proyecto, aunque advierten que deja fuera a personas con enfermedades neurodegenerativas que no cumplen con todos los requisitos. Para este grupo, el debate es una oportunidad histórica para garantizar una legislación que ponga en el centro la dignidad y la voluntad de los pacientes.

De aprobarse, Francia se sumaría a otras naciones europeas como Bélgica, España y Países Bajos, donde este tipo de leyes ya están en vigor bajo estrictos controles. Aun así, el país tiene por delante un desafío complejo: equilibrar la autonomía individual con los principios éticos y sociales que marcan el final de la vida.