El pasado 17 de mayo, en Baborigame, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó dos decretos de restitución y reconocimiento de tierras como “Propiedad Comunal Tradicional”. Se trata de 502 hectáreas para la comunidad ódami de Mesa Colorada y 317 hectáreas para la comunidad ralámuli de Mogótavo. Estas acciones se suman a decretos anteriores en favor de Guasachique y Bosques, de San Elías Repechique, con un total de mil 485 y 693 hectáreas restituidas, respectivamente.

En su mensaje de bienvenida en lengua ódami, Carlos Rivas Herrera, capitán general de la comunidad anfitriona, expresó que este reconocimiento representa la culminación de un sueño de generaciones. “La entrega de estos documentos el día de hoy nos deja claro que los pueblos indígenas estamos siendo vistos por el gobierno de México”, declaró.

El acto fue presentado como parte del Plan de Justicia para los pueblos de la Sierra Tarahumara, que contempla acciones en educación, programas sociales, infraestructura y más decretos de restitución. Sin embargo, activistas y organizaciones han señalado que no se hizo mención a uno de los problemas más graves de la región: la violencia sistemática y el desplazamiento forzado derivado del crimen organizado y la omisión del Estado.

La ausencia de representantes del Ejército y la Guardia Nacional en el evento fue notoria, sobre todo porque apenas dos días antes, el 15 de mayo, se reportaron enfrentamientos armados en Guachochi, incluyendo la quema de vehículos y el hallazgo de más de 340 casquillos de alto calibre, según la Fiscalía estatal. Aunque no se reportaron muertos, la situación refleja el clima de inseguridad que afecta directamente a las comunidades.

La organización Alianza Sierra Madre recordó que las causas del desplazamiento forzado incluyen la tala ilegal, amenazas y violencia persistente. Además, denuncian el incumplimiento del Plan de Protección aprobado por el gobierno, el cual busca garantizar la asistencia humanitaria y el retorno seguro a sus territorios.

Un caso emblemático es el de la comunidad Coloradas de la Virgen, del mismo municipio de Guadalupe y Calvo, cuyos integrantes —desplazados desde 2018— han solicitado amparos para que se cumpla el plan de protección del que son beneficiarios como defensores de derechos humanos.

Aunque los decretos presidenciales significan un avance simbólico y jurídico, persiste la incertidumbre sobre su implementación real. No se ha aclarado si se trata de ejecuciones de sentencias previamente ganadas o si responden solo a voluntad política. Por ello, defensores advierten que no basta con reconocer las tierras si no hay condiciones para habitarlas ni garantías de seguridad.

Los pueblos ralámuli, ódami, pichkama y warijó, históricamente marginados, apenas comienzan a ser visibilizados por el Estado. Sin embargo, sin un enfoque integral que incluya la seguridad, la justicia y el cumplimiento de sentencias judiciales, la restitución de tierras podría quedar en el papel. Como señalan desde la Sierra: la justicia plena aún está pendiente.