La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes que el gobierno de Joe Biden ponga fin a las protecciones legales temporales que beneficiaban a unos 350,000 inmigrantes venezolanos, quienes ahora podrían enfrentar la deportación. La decisión revoca una orden judicial previa que había bloqueado la medida, afectando a cientos de miles de personas que vivían legalmente en el país bajo el Estatus de Protección Temporal (EPT).

El EPT es una herramienta legal que permite a los inmigrantes quedarse y trabajar en Estados Unidos por un tiempo limitado debido a condiciones de inseguridad en sus países de origen, como disturbios civiles o desastres naturales. Si bien el gobierno del expresidente Biden amplió las designaciones para incluir a más de una docena de países, la medida ha generado controversia por su renovación automática.

Además de los venezolanos, otros grupos también enfrentan incertidumbre legal, incluidos aproximadamente 500,000 haitianos que perderán su estatus en agosto, y cientos de miles de inmigrantes bajo el permiso humanitario, utilizado por personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Con estos cambios, se genera un panorama complejo para los inmigrantes en Estados Unidos, quienes deben afrontar el reto de adaptarse a un sistema de inmigración cada vez más estricto y repleto de medidas que afectan su permanencia en el país.