La Unión Europea (UE) está considerando la posibilidad de deportar a migrantes a países con los que no tienen una conexión obvia, como parte de un esfuerzo por aumentar las deportaciones de personas que se encuentran en el bloque sin permiso para quedarse. La propuesta, que ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, se basa en la idea de "tercer país seguro", presentada el martes por la Comisión Europea.

Según las nuevas normas que están siendo evaluadas, los migrantes no necesariamente tendrían que tener un vínculo previo con un país para ser enviados allí, lo que ha despertado alarmas sobre las implicaciones de derechos humanos y las posibles consecuencias para las personas afectadas. Grupos de derechos humanos señalan que estas medidas violan los principios fundamentales de la UE, como el derecho a la protección contra la persecución y el daño físico.

Silvia Carta, funcionaria de PICUM, una coalición de organizaciones que aboga por los derechos de los migrantes, expresó su preocupación por las consecuencias de esta propuesta: "Podemos esperar que las familias sean separadas y que las personas sean deportadas sin una revisión judicial adecuada a lugares que ni siquiera conocen". Además, añadió que las nuevas reglas permitirían que las personas sean enviadas por la fuerza a países que no tienen vínculos con ellos, incluso si presentan apelaciones.

La Comisión Europea, responsable de proponer leyes y garantizar su cumplimiento en la UE, explicó que la medida permitiría que los migrantes sean considerados "conectados" a un país si lo cruzaron de manera segura en su camino hacia Europa, incluso si no tienen ninguna relación con él. Sin embargo, esta propuesta no se aplicaría a los niños que viajan solos, que continuarían siendo una excepción.

Estas nuevas reglas, que todavía necesitan la aprobación de los 27 países miembros de la UE y del Parlamento Europeo para entrar en vigor, se presentan en un contexto de creciente presión sobre los sistemas de inmigración europeos. Algunos países, como el Reino Unido e Italia, han buscado crear "centros de retorno" en países externos donde los solicitantes de asilo rechazados podrían ser retenidos hasta que sean deportados.

La propuesta ha generado un debate intenso sobre cómo equilibrar la gestión de las fronteras con la protección de los derechos de los migrantes, en un momento en que la migración irregular hacia Europa sigue siendo un tema central en la política de la UE.