Han pasado nueve meses desde que un menor de ocho años comenzó a sufrir acoso escolar en el Instituto Hispano Inglés de la capital potosina. Daniela Ramos, madre del niño expuso nuevamente su caso al público, refiriendo que desde febrero de este año que inició con las denuncias, ninguna autoridad ha sido capaz de hacerse responsable. Por lo que haciendo uso de su voz en búsqueda de justicia, se refirió a la senadora Ruth González para pedir el acompañamiento jurídico en su caso.

Ubicado en Benigno Arriaga 805, de la colonia Moderna, el Instituto Hispano Inglés, atiende a los cuatro niveles de educación, desde el jardín de niños hasta el bachillerato. Se trata de un colegio católico fundado por la Congregación de las Hermanas del Verbo Encarnado. Y su lema, según aparece en su página web, dice que su compromiso es "educar a personas con integridad".

Sin embargo, días después de que se conociera que su hijo fue atacado con unas tijeras en la cabeza, Daniela conoció al menos 30 denuncias más que también salieron a la luz. Según afirmó, padres de familia de alumnos en distintos niveles escolares, aseguraban que sus hijos e hijas habían sido golpeados, insultados, robados y amenazados al interior del colegio. Dónde la mayor cantidad de víctimas eran de primaria.

Y a pesar de que en febrero, la indignación social sobre está situación escaló incluso, a la manifestación pacífica. Ramos, revela que meses después, ya nadie más difundió el llamado. Por lo que, su hijo nunca obtuvo realmente justicia.

"Las familias siempre han encontrado en nosotros la seguridad de un colegio católico con más de 80 años de experiencia, formando a sus hijos con valores y buenos hábitos", esa es la auto referencia que se lee en el mismo portal del Instituto. Donde además, Daniela mencionó que cada ciclo, se paga una inscripción de 15 mil pesos, más colegiaturas mensuales de cinco mil pesos.

En total, contando otras cuotas como libros y materiales, aseguró que son casi 100 mil pesos lo que año con año, los tutores invierten en la educación de sus hijos. Aún así, denuncia que en su salón de clases, la maestra del menor, a quien nombró como Yolanda, nunca se dio cuenta de la violencia y el terror que el pequeño vivía.

"Empezamos a verlo decaído, que quería estar todo el tiempo dormido. Después nos contó que lo golpeaban, que lo cacheteaban, que le arrebataban su lonche, lo tiraban a la basura, le ponían el pie para hacerlo caer. Una vez le rompieron una invitación a la fiesta de una niña para que no fuera... Muchas palabras que incluso no me gustaría mencionarlas, incluso durante clases... Se supone que les confiamos a unos profesionales, a nuestros hijos y qué nos regresan.", señaló.

Desde septiembre hasta enero, que se identificó la situación, el pequeño ha recibido atención psicológica. De la que según su mamá, se analizó que el 75% de las agresiones las vivió en el aula. Desde canciones crueles hasta apodos y desplantes, el menor fue perdiendo la seguridad e incluso las ganas de jugar fútbol.

"El instituto no se ha hecho responsable por el daño causado en mi hijo. Mi hijo tiene daño psicológico, tiene daño físico, incluso llegó a cirugía. Empezó con problemas intestinales por el estrés causado al acoso al que era sometido... Todo el tiempo se estuvo evidenciando a las autoridades", agregó.

Pero lo que hizo la autoridad escolar, escaló más allá de la represión, pues asegura que la directora mintió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para omitir que no era un caso fortuito. Lo que impidió aún más el acceso a la justicia.

"Me dijeron que no podían hacer nada porque el agresor tiene ocho años y no se le puede hacer nada. Pero él agredió a mi niño, con golpes, patadas, cachetadas, incluso le clavó unas tijeras en la cabeza. Yo lo que quiero es que se hagan responsables y que algo debe de hacerse justicia a mi hijo para que no se vuelva a repetir. Hay graves casos de bullying en este colegio que no se han atendido", finalizó.

Como peticiones públicas, Daniela Ramos posicionó que en nombre de su pequeño, exige en primer lugar, que se admita la negligencia de la institución y asimismo, la destitución de la directora.

En segundo y en vista de que, el principal autor de las agresiones se cambió de escuela y es menor de edad; pide que se le brinde asesoría jurídica para instaurar una demanda civil en contra de la escuela. Para que así, a pesar del silencio, ningún niño o niña sea desprotegido en la propia seguridad de su escuela.