Una madre surcoreana presentó una demanda histórica contra el gobierno de Corea del Sur y la agencia de adopciones Holt Children’s Services, acusándolos de facilitar la adopción ilegal de su hijo en 1975, cuando apenas tenía tres años. El menor fue enviado a Noruega sin su consentimiento, tras haber sido dado erróneamente como huérfano abandonado.
Choi Young-ja, de 72 años, pasó casi cinco décadas buscando a su hijo desaparecido, hasta reencontrarse con él en 2023 gracias a una prueba de ADN. Su caso, revelado por Associated Press y documentado por el programa Frontline (PBS), ha reavivado el debate sobre las miles de adopciones internacionales gestionadas por Corea del Sur entre las décadas de 1970 y 1980, muchas de ellas plagadas de irregularidades.
La demanda civil, presentada ante el Tribunal de Distrito Central de Seúl, exige una indemnización de 550 millones de wones (aproximadamente 403.000 dólares) por la responsabilidad estatal en una separación forzada que —según la acusación— pudo haberse evitado si las autoridades hubieran actuado con diligencia tras la denuncia policial de Choi.
De acuerdo con el relato de la madre, su hijo se extravió en julio de 1975 al perseguir un camión fumigador. Pese a múltiples visitas a la agencia Holt, donde incluso entregó carteles con su fotografía, nunca recibió información. Cinco meses después, el niño fue adoptado bajo otro nombre y fotografía.
Según los abogados de Choi, la agencia y el orfanato donde fue alojado el menor falsificaron documentos para presentarlo como un huérfano, ignorando señales claras de que tenía familia. El niño, aseguran, era lo suficientemente mayor como para hablar y dar indicios de su origen.
Este caso se suma al de Han Tae-soon, otra madre surcoreana de 70 años que demandó al gobierno en octubre por la adopción de su hija, enviada a Estados Unidos en circunstancias similares.
Corea del Sur enfrenta crecientes presiones para asumir responsabilidad por décadas de adopciones irregulares. En marzo, la Comisión de Verdad y Reconciliación concluyó que el Estado facilitó de forma negligente miles de adopciones al exterior como parte de un plan para reducir los costos sociales durante gobiernos militares.
A pesar de las evidencias, el gobierno surcoreano no ha ofrecido disculpas oficiales ni ha implementado mecanismos de reparación. El futuro de las más de 300 quejas aún no resueltas depende ahora de una posible nueva comisión, cuya creación deberá ser discutida por el nuevo gobierno tras las elecciones presidenciales del 3 de junio.