En medio del proceso electoral extraordinario que se desarrolla en el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha enfrentado una intensa ofensiva judicial que incluyó la atención de 828 juicios de amparo interpuestos por 7 mil 191 quejosos, los cuales buscaban frenar o suspender diversos actos del proceso comicial.
Durante una sesión de la Junta General Ejecutiva del INE, el encargado de la Dirección Jurídica, Juan Manuel Vázquez Barajas, informó que entre el 24 de septiembre de 2024 y el 16 de mayo de 2025, se atendieron 823 recursos (aunque el total notificado fue de 828), lo que implicó una carga sin precedentes para el personal del Instituto. “Combatimos resoluciones judiciales sistemáticas y arbitrarias que pretendían impedirnos ejercer nuestras atribuciones constitucionales”, subrayó.
El funcionario reconoció que la avalancha de recursos comprometió la capacidad operativa del área jurídica debido a la urgencia con la que debían responderse los requerimientos judiciales —en plazos de entre 24 y 48 horas— provenientes de todo el país. No obstante, afirmó que el Instituto cumplió satisfactoriamente con la defensa legal mediante sus 32 delegaciones.
Según el informe, los juicios generaron 6 mil 781 notificaciones, 554 suspensiones provisionales, 108 suspensiones de plano, 91 suspensiones definitivas, así como más de 1,150 informes jurídicos entre previos y justificados. Además, se presentaron 828 solicitudes de sobreseimiento, de las cuales 93 ya fueron notificadas.
Los estados donde se concentró el mayor número de amparos fueron Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Querétaro. Muchos de estos recursos estaban relacionados con afectaciones laborales por la desaparición de fideicomisos, así como con cuestionamientos a la reforma que —según los quejosos— buscaba debilitar la autonomía del Poder Judicial y permitir un mayor control político desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Incluso se registraron intentos de jueces por evitar el sorteo o la ocupación de sus plazas, mientras otros promovieron la declaración de inconstitucionalidad de la reforma en curso. En respuesta, el INE también interpuso quejas administrativas contra jueces, quienes llegaron a imponer multas de 54 mil pesos a cada consejero electoral.
Vázquez Barajas concluyó que gracias al trabajo jurídico, “los actos de suspensión no tuvieron efectos más allá del 21 de noviembre de 2024, y hoy podemos decir con orgullo que el Instituto organiza un proceso electoral con plena capacidad operativa”.
