El Congreso de Estados Unidos avanza en la aprobación de un paquete presupuestal masivo para reforzar las políticas antimigrantes, que incluye recursos sin precedentes para la construcción de muros fronterizos, ampliación de centros de detención y deportaciones, en un contexto donde las pequeñas empresas ya resienten severamente el impacto económico de estas medidas.

El proyecto de ley, promovido con el respaldo del presidente Donald Trump, contempla un total de 121 mil 500 millones de dólares distribuidos en:

46,500 millones para construir nuevos tramos del muro fronterizo,

45 mil millones para detención de inmigrantes,

15 mil millones para deportaciones, y

15 mil millones más para contratación de agentes de la Patrulla Fronteriza y del ICE.

Además, incluye un gravamen de 3.5% a las remesas y restringe el acceso a programas de asistencia social para cerca de 2 millones de niños ciudadanos estadounidenses, si sus padres son indocumentados, según cálculos del propio Congreso.

Pese a este gasto, organizaciones como TRAC, con sede en la Universidad de Syracuse, informan que el número real de deportaciones está muy por debajo de las cifras oficiales, con apenas 72 mil expulsiones efectivas, frente a las 135 mil que asegura el Departamento de Seguridad Interna.

Por otra parte, las consecuencias económicas y sociales de estas políticas ya son evidentes. Una encuesta de Clarify Capital, citada por Newsweek, reveló que:

70% de pequeños negocios han perdido clientela,

20% han perdido empleados por redadas, deportaciones o cancelación de visas, y

72% han reducido horarios, suspendido expansiones o cerrado operaciones debido a la falta de personal.

“La realidad es que las grandes corporaciones no sienten el impacto; quienes mantienen funcionando a Estados Unidos son las pequeñas empresas, y ellas están siendo devastadas”, advirtió Kevin Thompson, director ejecutivo de Capital Group. Agregó que sectores como jardinería, salud, construcción, manufactura y agricultura enfrentan una escasez de mano de obra de entre 20 y 35%.

En paralelo, el gobierno de Trump ha endurecido las sanciones contra migrantes indocumentados, imponiendo multas de hasta 998 dólares por día. Una madre venezolana, madre de un ciudadano estadounidense y trabajadora en una planta empacadora, recibió una multa de 1.8 millones de dólares, pese a su salario de apenas 13 dólares por hora, reveló Reuters.

El miedo se ha intensificado en comunidades migrantes, luego de que la Suprema Corte autorizara la revocación de visas a miles de venezolanos con medidas cautelares, y se reportaran deportaciones a El Salvador de personas con documentos en regla, según el investigador David Bier, del Cato Institute.

La expansión de centros de detención privados, algunos con vínculos con altos funcionarios del gobierno, ha sido otro eje de esta política. Empresas como GEO Group, que asesora a la actual administración, han sido beneficiadas con contratos millonarios, según reportes de The Wall Street Journal y The Washington Post.

Todo esto ocurre mientras el Departamento de Defensa ha destinado más de 500 millones de dólares de su presupuesto militar al despliegue de 8,600 soldados en la frontera, rompiendo con la tradición de limitar la presencia militar en operaciones migratorias.

A pesar de las cifras y la maquinaria desplegada, los críticos coinciden en que las medidas no han logrado sus objetivos prometidos, pero sí han generado un entorno de miedo, incertidumbre y afectación económica generalizada.