El gobierno federal estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, incrementó el número de efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles al enviar 2 mil soldados adicionales, sumando un total cercano a 5 mil. Esta decisión ha profundizado el conflicto con el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien cuestiona la legalidad y la intención detrás de este movimiento.

Newsom criticó abiertamente el despliegue a través de sus redes sociales, asegurando que las tropas se encuentran en condiciones precarias y que muchas permanecen inactivas sin órdenes claras. El gobernador calificó la acción como un uso inadecuado del poder federal que no responde a verdaderas necesidades de seguridad pública, sino que responde a intereses políticos.

En respuesta, el fiscal estatal Rob Bonta interpuso una demanda contra la administración federal, alegando que la medida viola la Décima Enmienda de la Constitución, la cual establece límites a la autoridad del gobierno federal respecto a las tropas estatales. Esta es la primera vez en seis décadas que la Casa Blanca actúa sin el consentimiento del gobernador para el despliegue de la Guardia Nacional.

Además del aumento en la Guardia Nacional, el Departamento de Defensa anunció la incorporación de un batallón de Marines para proteger instalaciones federales en Los Ángeles. Mientras tanto, organismos como el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) suspendieron temporalmente sus actividades debido a las manifestaciones en la ciudad, las cuales han sido, en su mayoría, pacíficas durante los últimos días.