Por Redacción Contra Réplica

Piden coordinación y recursos urgentes para enfrentar sequía y escasez de agua en México

Legisladoras proponen alianzas intergubernamentales, inversión pública y tecnologías para gestionar el agua de forma sostenible.

Ante la creciente crisis por la escasez de agua y la desertificación en gran parte del territorio mexicano, la senadora Amalia Dolores García Medina, presidenta de la Comisión Especial de la Agenda 2030, hizo un llamado a crear sinergias entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía para atender de manera integral esta problemática.

Durante el conversatorio “Modelo de Proyectos Sostenibles para la Prevención de la Desertificación en México”, la legisladora subrayó la urgencia de establecer diagnósticos locales que permitan identificar zonas críticas, fortalecer el ordenamiento ecológico y promover un uso racional de cuencas y suelos. “Es indispensable colocar a los municipios en el centro de la estrategia”, dijo, al tiempo que enfatizó la necesidad de asignar recursos suficientes para implementar políticas públicas sustentables.

García Medina también destacó el papel de la tecnología en la gestión del agua: desde sensores para detectar sequías hasta sistemas de riego inteligente y mapeo de suelos degradados. “Si anticipamos escenarios, podemos actuar con tiempo y evitar crisis mayores”, apuntó.

Por su parte, la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz propuso avanzar en la clasificación y uso racional de cuencas, así como en la recuperación de cuerpos de agua contaminados, como el caso del río Hondo, en Naucalpan. Destacó que los intercambios de experiencias en este tipo de foros pueden dar pie a políticas exitosas, como ocurrió en Tlaxcala, donde se diseñó un plan integral para enfrentar el desabasto.

En tanto, Alejandra Chedraui Peralta, presidenta de la Comisión de Cambio Climático en San Lázaro, advirtió que más del 50 % del país tiene condiciones áridas y semiáridas, donde habita el 40 % de la población rural. Por ello, propuso incentivos fiscales y presupuestales para productores que adopten prácticas sostenibles, así como vincular el presupuesto federal a indicadores de resiliencia ambiental, y armonizar las leyes de Aguas Nacionales, Equilibrio Ecológico y Desarrollo Rural con enfoque de género y justicia climática.